13 marzo 2007

Laicismo en España: El largo camino de la Democracia



Artículo publicado en Energies Laiques nº 15 de la Comisión Nacional Permanente de Laicidad del Gran Oriente de Francia, y escrito por el Venerable de la Logia Rosario de Acuña al Oriente de Gijón: Ricardo Fermández

Para muchos españoles la palabra laicismo les resulta hoy todavía extraña. Esto no debe sorprendernos, pues la historia laica es todavía muy corta en un país como el nuestro, siempre conocido como la Católica España, que ha sostenido guerras en defensa de la “fe verdadera”; que ha hecho una peligrosa mezcla entre religión y política; y que ha vivido cuarenta años bajo la dictadura del “nacional-catolicismo”, nacida de la pesadilla fascista que siguió a la derrota de la democracia en 1939.

España ha sido un país católico no obstante haber sido el escenario en el que se desarrollaron y existieron otras confesiones. De un modo u otro el catolicismo ha marcado nuestra evolución histórica y también nuestra vida cotidiana. Basta recordar aquel pensamiento de Manuel Azaña que ejemplificó a la perfección lo que acabo de escribir: los españoles siempre hemos ido detrás de los curas, bien acompañándolos en procesión, bien armados de un garrote para ajusticiarlos.

Si pensar en el laicismo significa en cierto modo también pensar en la democracia, se entenderá la peculiaridad española, comprobando que a excepción de los últimos treinta años vividos y del breve período republicano, nuestro país no ha conocido ni practicado un régimen de libertades ciudadanas. Así, para poder comprender la situación actual es necesario remontarse al final de la dictadura de Franco: La Constitución de 1978 recogió unas complejas reglas de juego para asegurar una convivencia pacífica y apuntalar un profundo cambio político y social, pero sin generar tensiones con quienes hasta ese momento habían tenido al país encerrado en su puño. De este modo fue imprescindible contar con el silencio de los vencidos y respetar a determinadas instituciones que recibieron una mención expresa en el texto constitucional: Esto es lo que sucedió con la Iglesia Católica, que además supo abandonar al régimen dictatorial en el momento en que este descarrilaba, figurando como un actor principal e imprescindible en el cambio democrático.

La nueva Constitución permitió que España pasara a ser definida como un estado “aconfesional”, en el que se tendría una especial consideración -no obstante la aconfesionalidad recién adquirida y el reconocimiento de la libertad religiosa- hacia la Iglesia Católica. Este especial trato implicó que en enero de 1979 se firmaran tres acuerdos básicos con la Santa Sede, que han marcado con sus ambigüedades las relaciones entre las dos partes: Hablamos de un acuerdo económico, otro educativo y un tercero de carácter cultural para atender el ingente patrimonio inmobiliario y artístico, siendo la nota común en los tres casos el hecho de que el Estado asume una gran parte de las necesidades financieras de la Iglesia Católica.

La financiación religiosa se ha convertido así en un tema inevitable a la hora de hablar de laicidad en España ¿Cómo puede sostenerse la total independencia y neutralidad del Estado respecto a las confesiones religiosas cuando éste contribuye económicamente a garantizar la existencia de algunas de ellas? Desde las posiciones eclesiásticas se ha argumentado que en una sociedad democrática el mero reconocimiento de las libertades no es suficiente: es necesario además que los poderes públicos contribuyan económicamente a que esas libertades puedan desarrollarse, especialmente la libertad religiosa. Aplicando esta tesis el Estado español no sólo ha suscrito los pactos de 1979, sino que ha terminado por firmar convenios con el colectivo islámico, la comunidad judía y también con la protestante. Pero al final lo que ha sucedido no es otra cosa que una implicación del Estado en el hecho religioso, reconociendo una comunidad religiosa de primera clase, la Iglesia católica; otras de segundo rango; y un tercer grupo de credos que, no gozando de acuerdo que les reconozca especialmente, carecen de financiación.

Así las cosas, y centrándonos en la Iglesia católica, los acuerdos económicos de 1979 preveían que la financiación estatal se mantendría hasta el momento en que la confesión religiosa se alimentase con las aportaciones de sus fieles. Evidentemente, con una redacción semejante, la Iglesia nunca alcanzó tal propósito, haciéndose necesario todos los años el desembolso estatal de ingentes sumas de dinero. En 1987 se ideó en este escenario un sistema de financiación que se conoció coloquialmente como “impuesto religioso”: Un porcentaje de los impuestos de los ciudadanos católicos irían a parar a su Iglesia si así lo deseaban. El sistema nunca funcionó. Cada año eran menos los contribuyentes que expresaban esta intención, y desde el Estado había que seguir poniendo la diferencia entre lo que se esperaba recaudar y lo que se obtenía realmente.

De este modo han evolucionado las cosas hasta la fecha. Recientemente se ha negociado una nueva fórmula en virtud de la cual el Estado deja de poner dinero y la Iglesia recauda de los impuestos de los católicos un porcentaje mayor del que se le había asignado en 1987. Pero hay que reconocer que esto no significa en modo alguno que la confesión católica se autofinancie: Es la sociedad toda la que renuncia a que una parte de los recursos de un grupo de ciudadanos se destinen a satisfacer el interés general en beneficio de una comunidad religiosa privilegiada, que de este modo pasará a ingresar cada año nada menos que 175 millones de euros. Podríamos pensar que la cuestión económica, una de las aristas del problema religioso español, termina con esta asignación directa; pero la Iglesia católica, a diferencia de otras confesiones, ha recibido del Estado en el último año nada menos que 5.057 millones de euros: Más de tres mil millones se han ido a parar a los centros educativos católicos; los profesores de la asignatura de religión son pagados con dinero público; los centros de caridad y hospitalarios son mantenidos a través del presupuesto; el ejército dispone de su batería de capellanes castrenses, cuyo arzobispo tiene rango de general; y el patrimonio artístico e inmobiliario de la Iglesia recibe constantemente recursos públicos para evitar su desmoronamiento. Añadamos a esto que la Iglesia no paga impuesto de donaciones; tampoco de sucesiones; y mucho menos tributos que recaigan sobre su patrimonio inmobiliario. Y hasta hace dos semanas se beneficiaba de una exención de IVA: España es un paraíso fiscal para los obispos.

El mantenimiento de toda la estructura anterior ha generado cierta decepción entre una gran parte de quienes aspiran a lograr que el sueño de una España laica se haga realidad. Cierto es, no obstante, que la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por plantear algunas reformas exigidas por la sociedad civil y que han supuesto una confrontación abierta con la Iglesia Católica; así, en primer lugar, la reforma del Código Civil abriendo la posibilidad a que los matrimonios pudieran celebrarse entre personas del mismo sexo; o, en el ámbito educativo, la paralización de la Ley Orgánica de Calidad en la Educación, puesta en marcha en la última etapa del gobierno de José María Aznar, y que atribuía a la enseñanza de la religión en la escuela pública un protagonismo indiscutible. Puede decirse que se ha apostado por un laicismo tranquilo, quizá porque se tenga la certeza de que cualquier cambio brusco no tendrá éxito alguno, pero también es muy probable que nos encontremos en España ante demasiada tranquilidad, observando cómo muchos de los avances sociales son fruto de la coyuntura del momento y no de la conciencia laica de políticos y ciudadanía en general.

Frente a los tímidos cambios, sin embargo, las confesiones religiosas, especialmente la católica, han reaccionado con rapidez: Movilizaciones en la calle en defensa de la “familia”o del derecho a la educación; y desarrollo de un debate conceptual, valiéndose de sus medios de comunicación, en el que distinguen dos términos supuestamente enfrentados: laicidad y laicismo. O lo que es lo mismo, un laicismo bueno y otro malo. La laicidad, desde un punto de vista eclesial, contemplaría el estado de cosas existente, que no sería necesario corregir o modificar. El laicismo, sin embargo, se identificaría con el anticlericalismo y por tanto, con la intolerancia y el odio hacia el cristianismo. A pesar de lo simple que pueda parecernos lo anterior, lo cierto es que este pensamiento ha cristalizado, hasta el punto de que una de las batallas pendientes del movimiento laico en nuestro país es la articulación de un discurso y un pensamiento que sea capaz de desmontar lo anterior, clarificando la existencia de una laicidad única, aquella que proclama la total separación de las iglesias y el Estado como un pilar fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto a todas las creencias.

El futuro del laicismo en España además de la educación y de una adecuada formación ciudadana depende también de asumir una idea: Los cambios en nuestro país, lo decía antes, han sido provocados muchas veces por la propia evolución de la realidad, más que por la existencia de una conciencia madura y comprometida con el laicismo: ha hecho mas por la laicidad la Iglesia con su intransigencia y sus errores, que los gestores de la vida publica con sus actuaciones.

El estado de cosas descrito ha de transformarse. Sólo un cambio lento garantizará el asentamiento del laicismo en nuestro país, donde la conquista de la democracia se va haciendo cada día, poco a poco, y donde frecuentemente se corren graves riesgos involucionistas. España no está capacitada para soportar un cambio brusco. Y la ciudadanía, que se enfrenta a un concepto nuevo, confundido frecuentemente con aconfesionalidad, tampoco. Una vez más, la paciencia y la determinación se hacen necesarias para lograr que la palabra laicidad y su significado dejen de ser conceptos extraños para los españoles.

Ricardo Fernández Rodríguez

VERSION FRANCESA

Laïcité en Espagne : Le long chemin de la Démocratie

Pour beaucoup d'espagnols le mot laïcité s'avère aujourd'hui encore étrange. Ceci ne doit pas nous surprendre, donc l'histoire laïque est encore très courte dans un pays comme le nôtre, toujours connu comme l'Espagne Catholique, qui a soutenu des guerres en défense de la «vraie foi» ; qui a fait un mélange dangereux entre religion et politique ; et qui a vécu quarante années sous la dictature du «national-catholicisme», née du cauchemar fasciste qui a suivi la défaite de la démocratie en 1939.

L'Espagne a été un pays catholique malgré avoir été le scènaire dans lequel il se sont développés et il a existént d'autres confessions. De quelque façon le catholicisme a marqué notre évolution historique et aussi notre vie quotidienne. Il suffit de rappeler cette pensée de Manuel Azaña qui a exemplifié à la perfection ce que je viens d'écrire : les Espagnols nous sommes toujours allés derrière les prêtres, bien en les accompagnant en procession, bien armés d'un baton pour les battre.

Si penser à la laïcité signifie aussi de quelque façon penser à la démocratie, on comprendra la particularité espagnole, en vérifiant qu'à l'exception des dernières trente années vécues et de la brève période républicaine, notre pays n'a pas connu ni a pratiqué un régime de libertés des citoyens. Ainsi, pour pouvoir comprendre la situation actuelle il est nécessaire de remonter à la fin de la dictature de Franco : La Constitution de 1978 a rassemblé de complexes règles de jeu pour assurer une coexistence pacifique, et étayer un changement politique et social profond, mais en evitant des tensions avec tout ceux qui, jusqu`à ce moment là avaient eu tout le pays dans leur poing. De cette manière il a été indispensable de disposer le silence des vaincus, et de respecter à certaines institutions qui ont reçu une mention expresse dans le texte constitutionnel : Voilà ce qui est arrivé avec l'Église catholique, qui a su aussi abandonner le régime du dictateur au moment où il déraillait, en figurant comme un acteur principal et indispensable dans le changement démocratique.

La nouvelle Constitution a permis que l'Espagne soie définie comme un état «aconfessionel», dans lequel on aurait une considération spéciale - malgré l'aconfessionalité récemment acquise et la reconnaissance de la liberté religieuse - vers l'Église Catholique. Ce traitement spécial a impliqué qu'en janvier 1979 on signe trois accords de base avec la Sainte Siège, qui ont marqué avec ses ambiguïtés les rapports entre les deux parties : Nous parlons d'un accord économique, autre éducatif et un troisième à caractère culturel pour s'occuper du grand patrimoine immobilier et artistique, en étant la note commune dans les trois cas, le fait que l'État assume une grande partie des besoins financières de l'Église catholique.

Le financement religieux s'est ainsi transformé un sujet inévitable au moment de parler de laïcité en Espagne. Comment peut-on soutenir l'indépendance totale et la neutralité de l'État en ce qui concerne les confessions religieuses, quand celui-ci contribuera économiquement à garantir l'existence de certaines? Dès les positions ecclésiastiques on a fait valoir que dans une société démocratique la simple reconnaissance des libertés n'est pas suffisante : il est nécessaire en plus que les pouvoirs publics contribuent économiquement pour que ces libertés peuvent être développées, spécialement la liberté religieuse. En appliquant cette thèse, l'État espagnol non seulement a souscrit les accords de 1979, mais il a terminé par signer des conventions avec le groupe islamique, la Communauté juive et aussi avec le collectif protestant. Mais finalement ce qui est arrivé n'est pas une autre chose q´une implication de l'État dans le fait religieux, en reconnaissant une Communauté religieuse de première classe, l'Église catholique ; d'autres de second rang ; et un troisième groupe de doctrines qui, ne jouissant pas d'accord qui les reconaisse spécialement, elles manquent de tout financement.

Ainsi les choses, avec les yeux mis sur l'Église catholique, les accords économiques de 1979, prévoyaient que le financement publique serait maintenu jusqu'au moment où la confession religieuse serait nourrie avec les contributions de ses fidèles. Évidemment, avec une redaction semblable, l'Église n'a jamais atteint un tel but, en devenant nécessaire toutes les années le paiement d'énormes sommes d'argent par l´Etat. En 1987 on a conçu dans cette scènario un système de financement qui a été connu comme « impôt religieux » : Un pourcentage des impôts sur les revenus des citoyens catholiques pourraient beneficier son Église s´ils le souhaitaient. Le système n'a jamais marché. Chaque année ils étaient moins les citoyens qui exprimaient cette volonté, et, en consequence, l'État il devait apporter la différence entre ce qu'on attendait rassembler et ce qui était réellement obtenu.

C´est ainsi que tout a évolué jusqu'à nos jours. On a récemment négocié une nouvelle formule en vertu de laquelle l'État cesse de mettre de l'argent, et l'Église rassemble des impôts des catholiques un pourcentage plus grand que ce qui lui avait été assigné en 1987. Mais il faut reconnaître que ceci ne signifie d´aucune façon que la confession catholique s'autofinance: C'est toute la société qui renonce à une grande partie des ressources d'un groupe de citoyens, de telle façon qu´elles ne seront pas destinées à satisfaire l'intérêt général mais à bénéficier une Communauté religieuse deja privilégiée, et qui aura dans son trésor 175 millions d´euros chaque année. Nous pourrions penser que la question économique, un des bords du problème religieux espagnol, elle finie avec cette assignation directe; mais l'Église catholique, contrairement aux autres confessions, elle a reçu de l'État pendant la dernière année 5.057 millions d'Euros: Plus de trois milliards ont été destinés aux centres éducatifs catholiques; les professeurs de la matière de religion sont aussi payés avec de l´argent public; les centres de charité et hospitaliers sont soutenus avec le budget des citoyens; l'armée dispose de sa batterie de curés militaires, dont l'archevêque a rang de général; et le patrimoine artistique et immobilier de l'Église reçoit constantement des ressources publiques pour éviter son effondrement. Ajoutons à ceci que l'Église ne paye pas des impôts sur les dons et les successions; non plus des taxes qui retombent sur leur patrimoine immobilier. Et jusqu'il y a deux semaines on profitait d'une exonération du TVA: L'Espagne est un paradis fiscal pour les évêques.

Le conservation de toute la structure précédente a provoqué une certaine déception parmi une grande partie de tout ceux qui aspirent à que le rêve d'une Espagne laïque soit en fait une réalité. Il est vrai, cependant, que la gestion de José Luis Rodriguez Zapatero s'est caractérisée pour poser quelques réformes exigées par la société civile et qui ont supposé une confrontation ouverte avec l'Église Catholique; ainsi, d'abord, la réforme du Code Civil en ouvrant la possibilité des mariages entre personnes du même sexe ; ou, dans le cadre éducatif, la paralysie de la Loi Organique de Qualité dans l'Éducation, mise en marche dans la dernière étape du gouvernement de José María Aznar, et qui attribuait à l'enseignement de la religion dans l'école publique un protagonisme indiscutable. On peut dire qu´on a parié par une “laïcité calme”, peut-être parce qu'on ait la certitude que tout changement brusque n'aura aucun succès; mais il est aussi probable qu´on se trouve en Espagne avec un procesus trop calme, en constatant comment beaucoup des changements sociaux sont produits par la conjoncture du moment et non par la conscience laïque des politiciens et de la citoyenneté.

Face à ces modifications timides, toutefois, les confessions religieuses, spécialement la Catholique, elles ont à réagi avec vitesse: Mobilisations dans la rue en défense de la «famille» ou du droit à l'éducation; et le développement d'un débat conceptuel, en utilisant ses moyens de communication, dans lequel on distingue deux termes hypothétiquement contradictoires: “laicidad” et “laicismo”. Ou ce qui est le même, une bonne laïcite et une autre perverse. La “laicidad”, du point de vue ecclésiale, elle considérerait l'état de choses existant, qui ne serait pas nécessaire de corriger ou de modifier. Le “laicismo”, toutefois, il serait identifié avec l'anticlericalisme et par conséquent, avec l'intolérance et la haine vers le christianisme. Malgré la simplicité de ce debat qui vient de s´exponser, il est certain que cette pensée a cristallisé, jusqu'au point dont une des batailles qui devrà livrer le mouvement laïque dans notre pays, sérà l'articulation d´un discours et d'une pensée qui soie capable de démonter tout ce qui précède, en clarifiant l'existence d'une laïcité unique, celle qui proclame la séparation totale des églises et l'État, comme un pilier fondamental pour la consolidation de la démocratie et le respect de toutes croyances.

Le futur de la laïcité en Espagne outre l'éducation et une formation des citoyens adéquate, dépend aussi d'assumer une idée: Les changements dans notre pays, je le disait avant, ils ont été provoqués souvent par l'évolution elle-même de la réalité, plutot que par l'existence d'une conscience mûre par rapport a la laïcité: ell a fait plus pour la laïcité l'Église avec son intransigence et ses erreurs, que ceux qui son chargés d´administrer la vie publique avec ses activités.

L'état de choses décrit doit se transformer. Seulement un douce changement garantira le règlement de la laïcité dans notre pays, où la conquête de la démocratie se fait chaque jour, petit peu à petit peu, et en courrant fréquentement des risques graves d´involution. L'Espagne n'est pas capable de supporter un changement brusque. Et les citoyens, qui se trouvent face à un concept nouveau confondu fréquentement avec aconfessionalité, non plus. Une autre fois, la patience et la détermination séront nécessaires pour que le mot laïcité et sa signification cessent d'être des concepts étranges pour les espagnols.

Ricardo Fernández Rodríguez





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