02 julio 2007

Ley de Memoria: adecuatio aut dissolutio, Sres. obispos


por ELISA SERNA

La política de confrontación galopante contra el Gobierno de España de la asociación de creyentes ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana, está llevando al esperpento a sus portavoces de la Conferencia Episcopal, ante los ojos de las iglesias católicas europeas y el resto de las religiones que conviven en paz en nuestro país. Su incapacidad demostrada de adecuación al sistema de libertades y a las aspiraciones y nuevos derechos de la ciudadanía, podrían ser la causa primera del proceso de su disolución paulatina.

La inadecuación social que la asociación ICAR viene exhibiendo estos días, en forma de llamamientos a la objeción, es una muestra de las carencias que, desde el punto de vista del amor fraterno, viene arrastrando la Iglesia desde los años treinta del siglo pasado, en que solo se compadeció de la mitad de la población española, cuyos crímenes de lesa humanidad conoce y , a día de hoy, siguen en la Impunidad. Esa demostrada falta de caridad global, diríamos hoy, universal, la arrastran hasta nuestros días, sin que hayan editado la más mínima autocrítica, cuanto menos de la condena del Genocidio de post-guerra contra los prisioneros republicanos, ciento noventa y dos mil seiscientos cuarenta y ocho seres humanos, documentados por el Ex-Fiscal anticorrupción, D. Carlos Jiménez Villarejo.

Voces muy autorizadas, como las del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, el filosofo Fernando Savater, el jesuita Castillo, Jon Sobrino, o los sacerdotes partidarios de la teología de la liberación, de El Salvador o de la Iglesia de San Carlos Borromeo de Vallecas han sugerido a la asociación de creyentes ICAR el desarrollo inapelable de esa autocrítica pública, sin la cual podría ser que la ICAR se quedara fuera del juego limpio que la ciudadanía exige y las leyes obligan.

La mediación de la Iglesia Católica Apostólica y Romana ante el Partido Popular, a los que tradicionalmente forma y educa, para adecuarse -como buenos cristianos- al estudio respetuoso del articulado de la Ley de Memoria, que emana de la ciudadanía representada en el Congreso de los Diputados, sería el trascendental servicio que podría situar de nuevo a la Iglesia como la gran pacificadora, la protagonista de ese recapacitar de la derecha española que les haría mejores y mas constructivos para la democracia. Debería la Iglesia tirar la primera piedra, adelantarse a los partidos y provocar el inicio del fin de la entropía, de la justicia pendiente, de la corrupción inmobiliaria, que según el sociólogo Vidal-Beneyto enturbia la democracia española.

Pero a la Iglesia le queda poco, muy poco tiempo, para reaccionar en positivo, para desarrollar sus trabajos diplomáticos: la Excma Sra. Vicepresidenta del Gobierno de España, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que se propone presentar su ponencia en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, a mediados de la semana que entra, Sres. Obispos, si bien eso son siglos, en la era de Internet. ¿Saldrá la Iglesia en defensa de los derechos, en esta ocasión? Si así fuera estaríamos verdaderamente en presencia de un milagro de la caridad cristiana.