09 septiembre 2007

¡¡SALVAR LOS LUGARES DE MEMORIA!!



Dicen en Francia que no hay Memoria sin lugares ni lugares sin Memoria. En España hay también una geografía y un paisaje de la lucha en defensa de la legalidad y de la Libertad y de la represión que debe ser conservada para el conocimiento de las generaciones futuras.

En los Estados Unidos la Ley 99/83 creó la Comisión para la preservación de la Herencia (Heritage) de América en el extranjero y estableció que, debido a que el tejido de una sociedad se fortalece por los recordatorios visibles de sus raíces históricas, es de interés nacional alentar la preservación y la protección de los cementerios, monumentos y edificios históricos asociados con la herencia extranjera de sus ciudadanos. La Comisión citada está encargada de identificar e informar sobre estas “propiedades” en el Centro y el Este de Europa, y conseguir garantías de los gobiernos de la región de que serán protegidas y preservadas. Anualmente informa al Congreso. Aunque comenzó sus tareas en 1990, más de dos tercios de los acuerdos con los gobiernos comenzaron a ser operativos 2001con Alemania y en 2003 y 2004 para proteger los lugares asociados con las víctimas de genocidio durante la II ª Guerra Mundial. En la actualidad la Comisión coopera con la Fundación para la preservación de los Cementerios judíos con sede en Nueva York.

Por su parte la Unión Europea , basándose en la misión de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, y poner de relieve el patrimonio cultural común, se hizo eco de una resolución del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 1993 sobre la protección europea e internacional de los emplazamientos de los campos de concentración nazis como monumentos históricos y creó al respecto una línea presupuestaria. La Decisión n° 792/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura, afinó más el concepto y define los emplazamientos de los campos de concentración nazis como lugares de memoria histórica y extiende las acciones de preservación a los principales escenarios y archivos relacionados con la deportación, simbolizados por los monumentos conmemorativos erigidos en los emplazamientos de los antiguos campos, así como a la conservación del recuerdo de las víctimas en ellos. Todavía más adelante, en el nuevo programa “Ciudadanos por Europa 2007-2013” establece las acciones para preservar y conmemorar los principales lugares y archivos asociados con las deportaciones , simbolizadas en los memoriales levantados en los lugares de los antiguos campos y otros lugares de martirio y exterminio de civiles y para mantener viva la memoria de las víctimas en estos lugares. Los objetivos incluyen explicar cómo, por qué y qué sucedió en esos lugares y facilitar la diseminación de la Historia europea de las poblaciones y mejorar el conocimiento sobre ese periodo entre las generaciones presentes y futuras.

En España, este deber público de investigar documentalmente y proteger cementerios y fosas, como Lugares de la Memoria colectiva, fue asumido en muchos sitios desde los años 80, con la ayuda de algunos ayuntamientos, por las asociaciones de familiares de los soldados y civiles militares republicanos asesinados, pero la Administración Central nunca dio el paso de asumir su parte de responsabilidad y convertir en oficiales los actos de homenaje colectivo. Quedaron – y quedan -muchas fosas olvidadas seguramente porque muchas de ellas se encontraban en la profunda España rural todavía dominada por la derecha, aquella que había vencido en la Guerra 1936-1939, primera batalla en Europa contra los agresores de ideología nazi y fascista.

Sin duda con buenas intenciones y con legitimidad moral, los familiares de esa zona de la retaguardia de los campos de batalla, comienzan ahora a reclamar justicia y recuerdo para sus desaparecidos. En estos años en los que las ideologías han sido profundamente modificadas e impera el individualismo, estado de debilitación del individuo social, ha aparecido simultáneamente una corriente de defensa de la Memoria individual, no colectiva, expresada en algunas asociaciones, y el modelo que se ofrece a los familiares sólo es el rescate de “su desaparecido” y la solución del entierro, como Dios manda, en los cementerios que no hace tanto tiempo sólo permitían dentro de sus muros la inhumación de los católicos. Basta recordar que en el caso de la Fosa Común de Oviedo, no todos los asesinados fueron enterrados en ella, sino que los cadáveres de los que confesaban y comulgaban, eran entregados a sus familiares, o inhumados en sepultura particular del cementerio católico. Los inhumados en la Fosa Común suman 1.210 y en sepultura del cementerio católico ascienden a 232 y 12 en sepultura individual del Cementerio Civil junto a la Fosa Común, y a tres aunque habían confesado y comulgado, se les rechazó su entierro en el Cementerio Católico, y de estos doce últimos, ocho fueron asesinados a garrote vil. ¿Se han olvidado de esta responsabilidad de la Iglesia quiénes exhuman en la actualidad y trasladan los restos y celebran ceremonias religiosas?

Hay además, después de tanto retraso de los gobernantes, una prisa en realizar las exhumaciones. Los jueces se inhiben e incumplen la obligación legal de acudir a los lugares donde hay constancia de que se cometieron crímenes, ordenar una investigación y decidir si se autoriza o no la exhumación. ¿No son casos de prevaricación jurídica impune? La Ley llamada de Memoria, que se tramita en la actualidad en el Congreso de los diputados en vez de acelerar la desaparición de las fosas y, inhibiendo su responsabilidad en familiares y asociaciones, debería iniciar el proceso de catalogación, dignificación y conservación de los Lugares de Memoria. Y sólo para casos especiales, cuando la documentación no exista o sea insuficiente, debería contemplar una normativa de exhumaciones y normalización de los bancos de información para la identificación de las víctimas, incluyendo un protocolo de antropología forense adaptado a las normas internacionales.

Aparecen forenses y arqueólogos, todos ellos sin duda altruistas universitarios, que, conociendo la legislación sanitaria vigente, trasladan los restos cadavéricos de una comunidad autónoma a otra, en bolsas de plástico o cajas de cartón o madera, para su investigación, como si de restos de romanos o fenicios se tratara, muchas veces sin recabar la autorización de las Consejerías de Sanidad correspondientes, que se enteran por los medios de comunicación y, como casi todos los jueces de la demarcación donde se exhuma, se inhiben. La dictadura franquista pesa aun mucho en las mentes y en el actual aparato del Estado (administración, justicia, etc…). Ideológicamente y prácticamente, la Transición aparece ahora, en particular a través del problema de las excavaciones, como un fracaso histórico. En realidad se trata de la segunda victoria, esta vez póstuma, de Franco.

La imagen del soldado, del concejal, del maestro o del médico republicano que se comprometió con la sociedad y que defendió, con las armas o con la palabra la legalidad republicana se convierte, gracias al interés de los medios de comunicación, en un puñado de huesos. Echamos de menos ceremonias colectivas de traslado de los restos, en féretros, que dignifiquen socialmente a aquellas personas. Los nombres conocidos aparecen durante un día en los medios de comunicación, pero en los pocos casos en que se levanta una estela, como en la fosa de Valdediós, en Asturias, se omite nombrarlos o escribir en piedra, para conocimiento de la posteridad, lo que sucedió en ese lugar. Quienes deberían ser considerados socialmente héroes de la lucha por la Libertad , quedarán fijados en la memoria de nuestros jóvenes tan sólo como víctimas vencidas merecedoras de la compasión social.

Y a todo esto, van desapareciendo rápidamente del paisaje español las fosas, los cementerios colectivos, las pruebas visibles de la represión, de los asesinatos, del genocidio, “los recordatorios visibles de las raíces históricas de la sociedad” que señalan la ley de los Estados Unidos y la Unión Europea. Todo ello con la aquiescencia del Gobierno Central que, en la llamada Ley de Memoria, consolida esa filosofía individualista y limita su obligación y la de las otras administraciones, a la cooperación con los familiares y las asociaciones. ¡Qué lejos estamos en este caso de Europa!

Reflexión colectiva de la Asociación de Descendientes del Exilio español.