15 septiembre 2007

Tendencias sectarias bajo Benedicto XVI


Leonardo Boff

Teólogo y ambientalista brasileño, miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra.

Está hoy a la vista un vacío global de sentido en razón de la irracionalidad de la política y de la economía mundiales, y de la crisis generalizada de las religiones, fuentes naturales de ética y de esperanza. Casi todas las religiones están contaminadas por el mal del fundamentalismo, que es con frecuencia la base del terrorismo.

No le falta razón a Hans Kung, el teólogo que más se ha ocupado en estos años del significado político y ético de las religiones, cuando sostiene que no hay paz política sin previa paz religiosa, que no hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones, y que este diálogo no es eficaz si no se desenvuelve en torno de puntos comunes y relativizando las diferencias. Esta búsqueda de paz religiosa no cuenta con la colaboración necesaria de su componente más numeroso, la Iglesia Católica Romana. Los últimos años han evidenciado tendencias cada vez más cerradas, llegando a formulaciones claramente fundamentalistas y excluyentes que se reflejan en los discursos del Papa actual.

Benedicto XVI está encaminando a la Iglesia Católica por un curso peligroso que ha provocado severas críticas no sólo de teólogos sino asimismo de cardenales, de episcopados como el de Francia, de grupos de obispos de Alemania y, sorprendentemente, de obispos de la romanísima Italia, además de líderes de otras religiones y de organismos ecuménicos mundiales. Desde sus tiempos de cardenal ha tratado a garrotazos a los grupos progresistas y a los teólogos de la liberación, y con guantes de seda a los conservadores y tradicionalistas y a los seguidores del obispo Lefebvre, excomulgado en 1988, quien en rebeldía hacia Roma ordenó obispos y sacerdotes. El Vaticano terminó por acatar sus seminarios, que profesan el rito tradicionalista y ahora, el Papa acaba de atender una de sus mayores demandas: el retorno de la misa en el latín del Concilio de Trento (1545-1563), con todas las limitaciones de comunicación que implica una lengua muerta y sólo accesible a los eruditos.

Lo más grave ocurrió seguidamente, con una publicación sobre cinco cuestiones relativas a la Iglesia, preparada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa, que repite lo que en el 2000 el entonces cardenal Ratzinger enfatizaba en el documento Dominus Jesús, verdadero exterminador del futuro del ecumenismo: la única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica y fuera de ella no hay salvación. Las demás "iglesias" sólo poseen "elementos eclesiales" y a la Iglesia Ortodoxa, el segundo pulmón de la catolicidad según la expresión de Juan Pablo II, se la rebaja a simple iglesia particular. Estas posturas generan decepción y amargura, una atmósfera no favorable a la búsqueda de la paz.

Así aparecen los trazos de gran secta que la Iglesia Católica está asumiendo. Vale recordar que en sus comienzos se llamó secta al cristianismo, ya que era un grupo disidente del judaísmo adherente a Cristo. Como tal, secta era un concepto neutral para referirse a un grupo que se diferenciaba de la mayoría. Cuando posteriormente surgieron conflictos entre los credos, la palabra secta adquirió una connotación negativa como se lee en pasajes de las cartas de San Pablo a los corintios, los romanos y los gálatas. Y San Pedro habla de "sectas perniciosas" que se encierran en sí mismas y excluyen todas las demás.

Este es el riesgo que corre actualmente la Iglesia Católica, aislándose más y más. Su base social principal está en los movimientos de laicos, de pensamiento mediocre y sumisos a las autoridades; en obediencia a la lógica del mercado, prefieren los grandes espectáculos mediáticos a enfrentar los problemas de la pobreza, la injusticia y las amenazas que pesan sobre la biosfera.

Una iglesia se comporta como secta, según autores clásicos como Troeltsch y Weber, cuando tiene la pretensión absolutista de posesión exclusiva de la verdad, se niega al diálogo y rechaza el trabajo ecuménico.

Señal de sectarismo es no haber firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 porque no mencionaba a Dios; negarse a participar en el Consejo Mundial de Iglesias por considerarse por encima de las demás iglesias; por semejante razón, rechazar la convocatoria de un concilio cristiano universal en la perspectiva de la paz mundial; desestimular la compra de tarjetas de UNICEF destinadas a la infancia desprotegida alegando que esa institución favorece el uso de preservativos.

La estrategia doctrinal de Benedicto XVI es de confrontación directa con la modernidad en un pesimismo cultural inadmisible en alguien que debe saber que el Espíritu está en la humanidad y no es monopolio de la Iglesia, y que la salvación se ofrece a todos. De este modo la Iglesia se presenta como un "contra-mundo", actitud que según estudiosos como Séguy es típicamente sectaria.

No me asombraría si algunos conservadores más radicales, animados por gestos del Papa actual, intentasen un cisma en la Iglesia. En el siglo IV casi todos los obispos profesaban la herejía del arrianismo (Cristo apenas semejante a Dios). Fueron los laicos quienes salvaron a la Iglesia proclamando a Jesús como Hijo de Dios. Es urgente actualizar esta historia, dada la estrechez mental y el vacío teológico reinante en las altas esferas del Vaticano.

LOS QUE CARGAN CONTRA LA EDUCACION PARA LA CIUDADANIA


La Sra. Aguirre vuelve a cargar contra Educación para la Ciudadanía

La presidenta asegura que en la región se impartirá "la mínima" que la ley le permita

AGENCIAS - Madrid - 03/09/2007

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado hoy que la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que este curso no se impartirá en la región, "no es otra cosa que un adoctrinamiento", y ha asegurado que su Gobierno se ceñirá al "decreto de enseñanzas mínimas" establecido por el Ministerio de Educación en este ámbito.

"Vamos a dar la mínima EpC que la ley nos permite", ha afirmado Aguirre, entrevistada por la Cadena Cope. En todo caso, la también presidenta del PP de Madrid se ha mostrado convencida de que esta nueva materia "no se aplicará" en la región porque su partido ganará las elecciones generales de marzo y la "suprimirá". El propio Rajoy, muy ufano, ha duicho hoy que la eliminará cuando llegue a la Moncloa. Pase lo que pase en los próximos comicios, la presidenta autonómica ha recordado que las regiones "tienen que seguir el decreto de enseñanzas mínimas que marca el Ministerio" y que "dentro de esto" pueden "hacer lo que quieran". "La autonomía tiene sus ventajas, en el sentido de que el decreto de enseñanzas mínimas es mínimo", ha advertido.

"Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando se hable de los totalitarismos nosotros tenemos pensado que los colegios proyecten [la película alemana] La vida de los otros, que me parece que es muy reveladora de lo que es un totalitarismo", ha indicado. Aguirre se ha referido también a las críticas vertidas ayer por el ex vicepresidente del Gobierno y presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, contra el PP y la Iglesia por su oposición a Epc y por el hecho de que en las escuelas madrileñas no se vaya a enseñar esta materia este curso. Según el socialista, los populares rechazan que se enseñen los valores de la Constitución que tanto dicen defender.

Críticas de IU y PSOE

A este respecto, la dirigente del PP ha subrayado que "la Iglesia católica, la iglesias en general, las doctrinas, son doctrinas y, por lo tanto, porque los padres lo eligen, en los colegios religiosos se enseña religión". "Pero nos ha confesado Alfonso Guerra que lo que quiere hacer el Gobierno es adoctrinar, quiere hacer ahora una religión laica de obligado cumplimiento en las escuelas", ha agregado. Aguirre ha concluido asegurando a los madrileños que su Ejecutivo autonómico "ha elegido unos textos para EpC y un plan para lo que se tiene que enseñar que no tiene ningún problema desde ningún punto de vista". "No es otra cosa que la Constitución Española, es decir, el pluralismo, la libertad, la igualdad y la Justicia, eso será lo que se enseñe", ha resumido.

La réplica de la oposición no se ha hecho esperar. Así, la responsable de Izquierda Unida en la Secretaría de Educación de la Comunidad de Madrid, Eulalia Vaquero, ha acusado a Aguirre de utilizar la educación de los escolares madrileños como "estrategia electoral" contra el Gobierno central, al "dilatar" durante este curso la implantación de esta asignatura "obligatoria". "Ya está bien de utilizar la Educación que lo que necesita es sosiego y tranquilidad para que el profesorado pueda desarrollar la nueva Ley educativa de la manera más conveniente y lo mejor posible",

se ha quejado Vaquero.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha desaprobado que el Gobierno regional haya decidido no impartir en este curso la asignatura pues, a su juicio, esta materia debe ser enseñada en las aulas de la región no sólo "en cumplimiento de la propia ley" sino porque también es "algo positivo y favorable para el conjunto de la comunidad educativa". Gómez ha asegurado estar "preocupado" por la posición que la presidenta defiende en este tema y por la "confrontación permanente" que mantiene, en general, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y también -agregó- con su compañero de partido y alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, una dinámica que, a su juicio, "no beneficia a la sociedad madrileña" y es "uno de los aspectos más negativos" de la gestión de la dirigente popular.

POR OTRO LADO DIVISIÖN EN EL COSO VATICANISTA, o como jugar a POLI
BUENO, POLI MALO

Blázquez corrige al sector duro de los obispos y acepta que los centros impartan Ciudadanía
El presidente de la Conferencia Episcopal se desmarca del arzobispo Cañizares, que había realizado un llamamiento a los padres para ejercer la «objeción de conciencia»

DIVISIÓN. Ricardo Blázquez, en el centro, flanqueado por los cardenales Antonio Cañizares, a la izquierda, y José Rouco. / EFE
El presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, corrigió ayer al sector más conservador de la Iglesia española, representado por el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, y dejó claro que son los padres y no la jerarquía eclesiástica quienes deben decidir si se movilizan o no contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, utilizando para ello «cauces legítimos o democráticos».

Cañizares, que es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, había advertido a los colegios católicos de que impartir la nueva disciplina equivale a «colaborar con el mal». Sin embargo, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE-CECA) ignoró la semana pasada el llamamiento del arzobispo a la objeción de conciencia y decidió adaptar el temario del Ministerio de Educación a los idearios de los centros. De ese modo, se sumó a la postura que ya habían adoptado los colegios del País Vasco agrupados en Kristau Eskola.

Blázquez respaldó ayer la decisión de la FERE y con ello puso de manifiesto la división que existe en la Iglesia española sobre este asunto. El prelado destacó que la federación siempre contó con la aprobación de las autoridades eclesiásticas cuando colaboró en la gestación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de los reales decretos posteriores. «Yo sé que ellos siempre han querido actuar en comunión eclesial», recalcó el presidente de la Conferencia Episcopal, quien añadió que los colegios religiosos prestan «un servicio impagable» a la sociedad española.

En realidad, la FERE no aprueba en absoluto la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sino que la ha asumido como un mal menor, despues de llegar a la conclusión de que las actitudes beligerantes tendrían consecuencias difíciles de prever. Hasta ahora, unas 15.000 familias españolas han seguido las directrices de Cañizares y se han declarado públicamente objetoras en materia educativa; sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero les ha informado de que esa posición encierra una desobediencia civil a las leyes. El Ministerio de Eduación ya ha anunciado que el alumno que no asista a clase se quedará sin título de Graduado en Secundaria.

Derecho de los padres

Ante esa situación, los colegios religiosos han creído prudente alejarse de Antonio Cañizares, cuyos puntos de vista coinciden con los manifestados hasta ahora por el Partido Popular, la CONCAPA -asociación de padres de alumnos de colegios católicos-y más de medio centenar de agrupaciones como el Foro Español de la Familia y Profesionales por la Ética. Todos estos sectores afirman que Educación para la Ciudadanía «adoctrina ideológica y moralmente, lo que contraviene el derecho de los padres a educar a sus hijos».

La ministra Mercedes Cabrera ha indicado que la negativa a reconocer la asignatura acabaría creando una «situación complicada» desde el punto de vista jurídico. «La asignatura se ajusta a la libertad de los padres para formar a sus hijos según sus convicciones y al derecho a la educación. No contradice en absoluto ningún principio privado moral o religioso de nadie», insistió la titular de Educación el pasado jueves.

Guía complementaria

Las reuniones que han mantenido los responsables de la FERE en las últimas semanas les han convencido de que la posibilidad de adaptar los contenidos y de elegir al profesor es una garantía de autonomía. Los técnicos de la agrupación están elaborando una guía complementaria para que las escuelas católicas puedan ajustar el temario a sus principios.

Las reflexiones de la FERE ya circulaban por los centros de enseñanza religiosa del País Vasco desde un primer momento. Kristau Eskola, la organización que representa en la comunidad autónoma a la patronal estatal, no se ha opuesto a la asignatura en ningún momento. El colectivo cree que podrá adaptarla a sus programas educativos sin mayores complicaciones. No obstante, han optado por impartirla en segundo de la ESO, con lo que no tendrán que afrontar el problema hasta el curso 2008-2009.


09 septiembre 2007

¡¡SALVAR LOS LUGARES DE MEMORIA!!



Dicen en Francia que no hay Memoria sin lugares ni lugares sin Memoria. En España hay también una geografía y un paisaje de la lucha en defensa de la legalidad y de la Libertad y de la represión que debe ser conservada para el conocimiento de las generaciones futuras.

En los Estados Unidos la Ley 99/83 creó la Comisión para la preservación de la Herencia (Heritage) de América en el extranjero y estableció que, debido a que el tejido de una sociedad se fortalece por los recordatorios visibles de sus raíces históricas, es de interés nacional alentar la preservación y la protección de los cementerios, monumentos y edificios históricos asociados con la herencia extranjera de sus ciudadanos. La Comisión citada está encargada de identificar e informar sobre estas “propiedades” en el Centro y el Este de Europa, y conseguir garantías de los gobiernos de la región de que serán protegidas y preservadas. Anualmente informa al Congreso. Aunque comenzó sus tareas en 1990, más de dos tercios de los acuerdos con los gobiernos comenzaron a ser operativos 2001con Alemania y en 2003 y 2004 para proteger los lugares asociados con las víctimas de genocidio durante la II ª Guerra Mundial. En la actualidad la Comisión coopera con la Fundación para la preservación de los Cementerios judíos con sede en Nueva York.

Por su parte la Unión Europea , basándose en la misión de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, y poner de relieve el patrimonio cultural común, se hizo eco de una resolución del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 1993 sobre la protección europea e internacional de los emplazamientos de los campos de concentración nazis como monumentos históricos y creó al respecto una línea presupuestaria. La Decisión n° 792/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura, afinó más el concepto y define los emplazamientos de los campos de concentración nazis como lugares de memoria histórica y extiende las acciones de preservación a los principales escenarios y archivos relacionados con la deportación, simbolizados por los monumentos conmemorativos erigidos en los emplazamientos de los antiguos campos, así como a la conservación del recuerdo de las víctimas en ellos. Todavía más adelante, en el nuevo programa “Ciudadanos por Europa 2007-2013” establece las acciones para preservar y conmemorar los principales lugares y archivos asociados con las deportaciones , simbolizadas en los memoriales levantados en los lugares de los antiguos campos y otros lugares de martirio y exterminio de civiles y para mantener viva la memoria de las víctimas en estos lugares. Los objetivos incluyen explicar cómo, por qué y qué sucedió en esos lugares y facilitar la diseminación de la Historia europea de las poblaciones y mejorar el conocimiento sobre ese periodo entre las generaciones presentes y futuras.

En España, este deber público de investigar documentalmente y proteger cementerios y fosas, como Lugares de la Memoria colectiva, fue asumido en muchos sitios desde los años 80, con la ayuda de algunos ayuntamientos, por las asociaciones de familiares de los soldados y civiles militares republicanos asesinados, pero la Administración Central nunca dio el paso de asumir su parte de responsabilidad y convertir en oficiales los actos de homenaje colectivo. Quedaron – y quedan -muchas fosas olvidadas seguramente porque muchas de ellas se encontraban en la profunda España rural todavía dominada por la derecha, aquella que había vencido en la Guerra 1936-1939, primera batalla en Europa contra los agresores de ideología nazi y fascista.

Sin duda con buenas intenciones y con legitimidad moral, los familiares de esa zona de la retaguardia de los campos de batalla, comienzan ahora a reclamar justicia y recuerdo para sus desaparecidos. En estos años en los que las ideologías han sido profundamente modificadas e impera el individualismo, estado de debilitación del individuo social, ha aparecido simultáneamente una corriente de defensa de la Memoria individual, no colectiva, expresada en algunas asociaciones, y el modelo que se ofrece a los familiares sólo es el rescate de “su desaparecido” y la solución del entierro, como Dios manda, en los cementerios que no hace tanto tiempo sólo permitían dentro de sus muros la inhumación de los católicos. Basta recordar que en el caso de la Fosa Común de Oviedo, no todos los asesinados fueron enterrados en ella, sino que los cadáveres de los que confesaban y comulgaban, eran entregados a sus familiares, o inhumados en sepultura particular del cementerio católico. Los inhumados en la Fosa Común suman 1.210 y en sepultura del cementerio católico ascienden a 232 y 12 en sepultura individual del Cementerio Civil junto a la Fosa Común, y a tres aunque habían confesado y comulgado, se les rechazó su entierro en el Cementerio Católico, y de estos doce últimos, ocho fueron asesinados a garrote vil. ¿Se han olvidado de esta responsabilidad de la Iglesia quiénes exhuman en la actualidad y trasladan los restos y celebran ceremonias religiosas?

Hay además, después de tanto retraso de los gobernantes, una prisa en realizar las exhumaciones. Los jueces se inhiben e incumplen la obligación legal de acudir a los lugares donde hay constancia de que se cometieron crímenes, ordenar una investigación y decidir si se autoriza o no la exhumación. ¿No son casos de prevaricación jurídica impune? La Ley llamada de Memoria, que se tramita en la actualidad en el Congreso de los diputados en vez de acelerar la desaparición de las fosas y, inhibiendo su responsabilidad en familiares y asociaciones, debería iniciar el proceso de catalogación, dignificación y conservación de los Lugares de Memoria. Y sólo para casos especiales, cuando la documentación no exista o sea insuficiente, debería contemplar una normativa de exhumaciones y normalización de los bancos de información para la identificación de las víctimas, incluyendo un protocolo de antropología forense adaptado a las normas internacionales.

Aparecen forenses y arqueólogos, todos ellos sin duda altruistas universitarios, que, conociendo la legislación sanitaria vigente, trasladan los restos cadavéricos de una comunidad autónoma a otra, en bolsas de plástico o cajas de cartón o madera, para su investigación, como si de restos de romanos o fenicios se tratara, muchas veces sin recabar la autorización de las Consejerías de Sanidad correspondientes, que se enteran por los medios de comunicación y, como casi todos los jueces de la demarcación donde se exhuma, se inhiben. La dictadura franquista pesa aun mucho en las mentes y en el actual aparato del Estado (administración, justicia, etc…). Ideológicamente y prácticamente, la Transición aparece ahora, en particular a través del problema de las excavaciones, como un fracaso histórico. En realidad se trata de la segunda victoria, esta vez póstuma, de Franco.

La imagen del soldado, del concejal, del maestro o del médico republicano que se comprometió con la sociedad y que defendió, con las armas o con la palabra la legalidad republicana se convierte, gracias al interés de los medios de comunicación, en un puñado de huesos. Echamos de menos ceremonias colectivas de traslado de los restos, en féretros, que dignifiquen socialmente a aquellas personas. Los nombres conocidos aparecen durante un día en los medios de comunicación, pero en los pocos casos en que se levanta una estela, como en la fosa de Valdediós, en Asturias, se omite nombrarlos o escribir en piedra, para conocimiento de la posteridad, lo que sucedió en ese lugar. Quienes deberían ser considerados socialmente héroes de la lucha por la Libertad , quedarán fijados en la memoria de nuestros jóvenes tan sólo como víctimas vencidas merecedoras de la compasión social.

Y a todo esto, van desapareciendo rápidamente del paisaje español las fosas, los cementerios colectivos, las pruebas visibles de la represión, de los asesinatos, del genocidio, “los recordatorios visibles de las raíces históricas de la sociedad” que señalan la ley de los Estados Unidos y la Unión Europea. Todo ello con la aquiescencia del Gobierno Central que, en la llamada Ley de Memoria, consolida esa filosofía individualista y limita su obligación y la de las otras administraciones, a la cooperación con los familiares y las asociaciones. ¡Qué lejos estamos en este caso de Europa!

Reflexión colectiva de la Asociación de Descendientes del Exilio español.