22 septiembre 2007

MANIFIESTO DE INTELECTUALES Y JURISTAS POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA


"Ya no caben más dilaciones. La sociedad y las víctimas no pueden esperar más"

EL PAÍS - Madrid - 21/09/2007

La escritora Almudena Grandes, el jurista Carlos Jiménez Villarejo y representantes de las asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer un manifiesto, avalado por 500 firmas de intelectuales y juristas, en el que urgen a aprobar de una vez la ley de reparación de las víctimas del franquismo, aún en tramitación en el Congreso.

"Ya no caben más dilaciones. La sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las víctimas que padecieron la represión de la dictadura ya no pueden esperar más", reza el manifiesto, que exige también introducir en la ley una condena expresa del franquismo y la nulidad de los juicios de la dictadura.

Los promotores del manifiesto han recogido más de 500 firmas de adhesión, entre las que figuran las de Joseba Azkárraga, consejero de Justicia vasco; los cineastas Pere Portabella y Pedro Almodóvar; los historiadores Paul Preston y Francisco Espinosa, los juristas Carlos Castresana y José María Mena, actores como Pilar Bardem, Juan Diego Botto o Mercedes Sampietro y los escritores Ángel González, José Manuel Caballero Bonald y Rosa Regás. La iniciativa fue promovida por la Asociación de la Memoria Social y Democrática y contó con el apoyo del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien recalcó que el PSOE "tiene que mover ficha en horas, no en días, para que sea posible" que la futura ley sea realmente "de memoria, de justicia y de reparación".

Llamazares criticó la actitud "timorata" de los socialistas, que, a su juicio y ante la "reacción" del PP, están intentando "diluir" los acuerdos alcanzados con IU y las asociaciones de la Memoria Histórica, en particular en lo que se refiere a la condena del franquismo y a los efectos jurídicos de la nulidad de los juicios, informa Efe.

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo insistió en la necesidad de que la ley establezca la nulidad de los juicios o que impulse que sea el aparato del Estado el que promueva esa nulidad, "porque lo permiten las leyes vigentes". "Las sentencias no eran sentencias, eran decisiones inspiradas en la venganza", subrayó Jiménez Villarejo, y argumentó que los tribunales que las dictaron no eran legítimos, ni independientes ni imparciales.

"Un pacto de silencio"

Por su parte, la escritora Almudena Grandes señaló que uno de los crímenes de la dictadura fue "cortar los hilos de la memoria", y afirmó que la generación que hizo la transición a la democracia "no comprendió que el pacto de silencio" iba a ser "inservible" treinta años después.

Los firmantes del escrito recalcan que la Ley de Extensión de Derechos a los afectados por la Guerra Civil y por la Dictadura, que inicialmente se denominó Ley de la Memoria Histórica y que está encallada en el Congreso, es "manifiestamente insuficiente" y añaden que "continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura". Reclaman que el texto legal recoja una condena "formal" de la dictadura franquista y que declare que su "aparato represivo -consejos de guerra y tribunales especiales"- estuvo "viciado de raíz por su ilegitimidad de origen", por lo que exigen la nulidad de sus sentencias.

El manifiesto solicita que sea el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado quienes impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo la declaración de nulidad de pleno derecho de las sentencias. Por último, pide que el Estado asuma como "políticas públicas" la preservación de lo que denominan Memoria Democrática, promoviendo "la localización de los represaliados desaparecidos, el acceso a los archivos históricos y la desaparición de la simbología franquista de las vías y edificios públicos".

Fernando Reinlein, portavoz de la asociación militar Foro Milicia y Democracia; Pedro Zamora, de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica en España, y Julio Lois, de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, participaron también en la presentación de este manifiesto que han suscrito sus asociaciones.

19 septiembre 2007

La gran estrategia de Benedicto XVI


La Iglesia católica es una poderosa organización milenaria cuya estructura fuertemente jerarquizada y monolítica ha pervivido a lo largo de muchos siglos. En ese proceso ha acumulado un enorme poderío económico y ha ejercido una decisiva influencia política que la ha llevado a ser la única confesión religiosa constituida en Estado, incluso con presencia en Naciones Unidas en calidad de observador permanente, lo que le permite participar en numerosas deliberaciones y actividades de dicha organización.

Su alcance prácticamente universal la ha llevado, en amplias zonas del planeta, a ocupar un papel hegemónico en el terreno de las creencias religiosas, y en otras zonas geográficas a plantearse estrategias de expansión (Asia y África), con resultados notables, aunque desiguales.

Sin embargo, la irrupción de diversos factores en los últimos decenios ha provocado la ruptura de dicha tendencia expansiva: el proceso de secularización de la sociedad, con sus consiguientes políticas laicas en los países avanzados; la competencia decidida de otras creencias religiosas, especialmente en los países atrasados o en los mal llamados en vías de desarrollo; y la crisis de legitimidad y representatividad en los países democráticos, motorizado todo ello por una globalización económica sin precedentes, a escala planetaria, cuyos subproductos más evidentes son la exclusión social, la crisis ecológica y la ausencia de perspectivas vitales para cientos de millones de seres humanos.

Ante este panorama de franco retroceso, las intervenciones de Benedicto XVI, antes y después del discurso de Ratisbona, han delineado una doble y selectiva estrategia:

1) En los países desarrollados, con democracias muy estables, se trataría de hacer un frente común contra la verdadera amenaza que se cierne sobre la civilización (occidental), cuales son el ateísmo y la indiferencia, un laicismo que pretende excluir a Dios de la esfera pública y de la elaboración de las leyes. El objetivo fundamental en el desarrollo de esta estrategia sería la oposición frontal a las leyes que no se ajusten a su ideario (¿nos suena?), porque se debe considerar ilegítimo cualquier parlamento o gobierno que apruebe leyes contra natura. Al parecer Ratzinger, en estos casos, no considera que la soberanía resida en el pueblo y la expresen los parlamentos, en una democracia constitucional. Y para doblar la cerviz de los parlamentos díscolos exhorta a sus obispos a la lucha ideológica, y a los políticos católicos y a sus fieles al activismo militante. Y la palabra clave es innegociable.

2) En los países pobres o en vías de desarrollo, con democracias poco estables (o inexistentes) el problema fundamental es la competencia interreligiosa, que ha situado a la Iglesia católica en franco retroceso. Ahí no es prioritario hacer frentes comunes con otras creencia religiosas: la estrategia sería frenar el avance de los evangélicos y los musulmanes, dando la batalla con sus mismas tácticas: proselitismo militante enfocado a las necesidades más urgentes de las poblaciones.

En fin, no hace falta decir que en España nos encontramos encuadrados en el primer eje estratégico, y los dardos eclesiales irán (están yendo) dirigidos contra todas las leyes de contenido laico y contra todas las personas laicas (con o sin creencias religiosas) que creemos que la moral católica no puede volver a imponerse a toda la sociedad como moral de Estado y que el individuo, en un Estado democrático, no puede admitir la tutela de ninguna creencia religiosa ni someterse a un permanente ambiente de libertad vigilada. Porque es sencillamente totalitario.

Puedo comprender que una jerarquía en cuya organización no han figurado en 2000 años de existencia los usos y costumbres de la democracia no entienda de representatividad política, de soberanías populares y de derechos fundamentales de la persona. Aspectos que en las democracias constitucionales son de ejercicio común. Por ello deben esforzarse en comprender que cuando un líder religioso (Papa u obispo) habla en términos políticos, lo hace en nombre propio exclusivamente puesto que, políticamente hablando, nadie lo ha elegido. Claro que tienen derecho a expresarse (menos victimismo teatral, por favor) y a opinar en público. No hay una sola persona laica que niegue ese derecho, porque se lo concede el Estado laico tan denostado por ellos. Y ello refuerza la democracia. Pero el poder y la autoridad de las instituciones estatales residen en el pueblo y se expresa en el Parlamento, a través de sus representantes democráticamente elegidos.

Así pues, los dirigentes religiosos no tienen ninguna representatividad política y, en consecuencia, las leyes y las políticas públicas no pueden responder a sus deseos particulares, independientemente de que coincidan con muchas o pocas personas.. Cuando se pretende que la legitimidad de una política proviene de una instancia religiosa (llámese verdad natural, dios, fe o moral católica), no sólo se está minando la propia autoridad política sino, sobre todo, el propio Estado democrático, pues se socava directamente el poder de todos los ciudadanos.


11 de septiembre de 2007

Enrique Ruiz del Rosal
Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

http://perso.wanadoo.es/laicorivas