05 enero 2008

Acuerdos leoninos

Javier Pérez Royo

Los Acuerdos que regulan las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español son formalmente postconstitucionales, pero materialmente no lo son. Se publicaron en el BOE el 3 de enero de 1979, es decir, cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución española, pero la negociación de dichos acuerdos es obvio que no se produjo entre el 28 de diciembre de 1978 y ese 3 de enero.

La negociación de los Acuerdos se hizo en circunstancias completamente excepcionales. La hizo un Gobierno preconstitucional, que disponía ciertamente de la legitimación democrática que le habían proporcionado las elecciones de 15 de junio de 1977, pero que no disponía de legitimación constitucional. La norma que estaba en el origen de su mandato era la Ley para la Reforma Política, última de las Leyes Fundamentales aprobada por las Cortes del régimen del general Franco. No era, por tanto, el Gobierno de la democracia española, sino un Gobierno que se había constituido a partir de un proceso electoral sólo parcialmente democrático, en la medida en que lo había dirigido un Gobierno preconstitucional prácticamente sin control. Un Gobierno, en consecuencia, de una legitimidad democrática muy débil, cuyo mandato no podía considerarse que se pudiera extender más allá de la dirección del proceso constituyente.

Ocupadas como estaban las Cortes y la sociedad española entera en la elaboración de la Constitución, los Acuerdos se negociaron con una falta absoluta de transparencia. No se tuvo conocimiento de los mismos hasta el día de su publicación. Unos Acuerdos tan importantes para la aplicación de los artículos 16 y 27 de la Constitución, que habían sido objeto de una negociación muy intensa en el proceso constituyente, deberían haber sido negociados con la Constitución en vigor, por un Gobierno constitucional y bajo el control de unas Cortes constitucionales. Las Cortes Constituyentes fueron burladas por el Gobierno con la negociación de estos Acuerdos. También las primeras Cortes constitucionales. A las primeras se les metió el gol a posteriori. A las segundas a priori.

Los Acuerdos son, pues, muy deficitarios desde una perspectiva democrática. No los negoció y suscribió un Gobierno plenamente democrático y fueron negociados y aprobados a través de un procedimiento completamente ademocrático, por no decir plenamente antidemocrático. Justamente por eso existen y por eso se maniobró de la manera que se hizo, de tal manera que fueran publicados tras la entrada en vigor de la Constitución y que, en consecuencia, tuvieran la apariencia de ser constitucionales, pero sin que intervinieran en los mismos los órganos constitucionales que deberían haber intervenido en su negociación y aprobación de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución. Los Acuerdos de 3 de enero de 1979 son de constitucionalidad más que dudosa, por decirlo de manera suave, y son Acuerdos que, en ningún caso, habrían podido ser suscritos por un Gobierno constitucional bajo el control de unas Cortes constitucionales.

Hay un vicio de origen en el proceso de formación de la voluntad que se plasma en los citados Acuerdos. El Gobierno español carecía de legitimidad para negociar lo que negoció y la Iglesia aprovechó la posición de debilidad de dicho Gobierno para conservar en lo posible la posición que había conseguido tener bajo el régimen del General Franco. Los Acuerdos de 3 de enero de 1979 no son acuerdos de la democracia española, es decir, Acuerdos a través de los cuales la democracia española pacta con la Iglesia católica su lugar en el nuevo sistema político democrático, sino que son Acuerdos en los que se impone a la democracia española desde fuera de ella misma una determinada posición de la Iglesia católica.

Por dignidad democrática, esos Acuerdos deberían ser denunciados y ser sustituidos por otros, en los que además de responder plenamente al contenido de la Constitución de 1978, se respetara el procedimiento que se tiene que respetar en la elaboración de este tipo de normas. La posición de la Iglesia católica en la democracia española no puede estar regulada por unos Acuerdos en los que es tan intensa la huella del régimen del General Franco.

Mientras esto no ocurra, las relaciones entre la Iglesia y el Estado van a continuar siendo un problema para la democracia española. Para el Estado y también para la Iglesia. Un pacto leonino es siempre un mal pacto y, en consecuencia, acaba creando más problemas de los que presuntamente viene a resolver. Y los Acuerdos de 3 de enero de 1979 son leoninos. Nunca se habrían podido suscribir en condiciones democráticas, esto es, con un mínimo de equilibrio entre las partes que suscriben el pacto. De ahí que cuanto más pronto sean denunciados y sustituidos por otros, tanto mejor.

El País, 5-1-08

Los príncipes de la Iglesia Católica, contra la soberanía nacional


Javier Fisac Seco, Historiador.

Federación Internacional de Ateos (FIdA).

02.01.08

Acabamos de asistir, atónitos, a una manifestación que el estamento clerical católico, representado por su más alta jerarquía, los cardenales y el mismo Papa, han convocado en defensa no de la familia, sino de una manera de entenderla: la “familia cristiana”. Tanto el cardenal y príncipe de la Iglesia D. Agustín García-Gasco como el no menos cardenal de la simbólica Toledo, D. Antonio Cañizares -ambos elegidos, no por la base, sino a dedo por el Papa-, han alegado que defienden a la familia porque de esa manera “están defendiendo a la democracia”.

Se demuestra así que los príncipes de la Iglesia ignoran, cuando les conviene, su propia e indivisible historia y teoría del pensamiento político sobre el origen del Poder, así como cuáles son los fundamentos de la democracia y de la soberanía nacional, que nada tienen que ver con la familia, sino con el individuo como sujeto imprescindible, intransferible e indivisible de derechos.

La iglesia católica, que se consolida y difunde gracias a su vinculación con todos los poderes imperiales desde Constantino hasta la desintegración del Imperio Austriaco, y que apoyó a todos los dictadores fascistas del pasado siglo, tiene una teoría elaborada nada menos que en el siglo V de nuestra era por el papa Gelasio I sobre la “doctrina de los dos poderes” o de las dos espadas. En virtud de ésta, el poder clerical sólo es responsable de sus actos ante Dios. O sea, que se consideran en realidad irresponsables de sus actos, mientras que el poder político lo es ante el estamento clerical, que está por encima y sobre lo público.

Posteriormente, en el año 1075, los Dictatus Papae (Dictámenes del Papa) atribuidos a Gregorio VII (1073-1085) insisten en la misma idea. Y en el siglo XIII, la Bula Unam Sanctam del papa Bonifacio VIII se ratifica en lo anterior en los siguientes términos:

Ambas, la espada espiritual y la espada material, están en poder de la Iglesia. Pero la segunda es usada para la Iglesia, la primera por ella; la primera por el sacerdote, la última por los reyes y los capitanes, pero según la voluntad y con el permiso del sacerdote. Por consiguiente, una espada debe estar sometida a la otra, y la autoridad temporal sujeta a la espiritual (…) Si, por consiguiente, el poder terrenal yerra, será juzgado por el poder espiritual (…) Pero si el poder espiritual yerra, puede ser juzgado sólo por Dios, no por el hombre (…) Pues esta autoridad, aunque concedida a un hombre y ejercida por un hombre, no es humana, sino más bien divina (…) Además, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al Pontífice romano.

En el contexto de la Revolución francesa y como un arrogante gesto de negación de los grandes principios de esta revolución y de su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Papa Pío VI, en su Carta Quod aliquantum, “Sobre la libertad”, enviada al cardenal Rochefoucauld y a los obispos de la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 1791, dogmatizaba:

A pesar de los principios generalmente reconocidos por la Iglesia, la Asamblea Nacional se ha atribuido el poder espiritual, habiendo hecho tantos nuevos reglamentos contrarios al dogma y a la disciplina. Pero esta conducta no asombrará a quienes observen que el efecto obligado de la constitución decretada por la Asamblea es el de destruir la religión católica y con ella, la obediencia debida a los reyes. Es desde este punto de vista que se establece, como un derecho del hombre en la sociedad, esa libertad absoluta que asegura no solamente el derecho de no ser molestado por sus opiniones religiosas, sino también la licencia de pensar, decir, escribir, y aun hacer imprimir impunemente en materia de religión todo lo que pueda sugerir la imaginación más inmoral; derecho monstruoso que parece a pesar de todo agradar a la asamblea de la igualdad y la libertad natural para todos los hombres. Pero, ¿es que podría haber algo más insensato que establecer entre los hombres esa igualdad y esa libertad desenfrenadas que parecen ahogar la razón, que es el don más precioso que la naturaleza haya dado al hombre, y el único que lo distingue de los animales? (…) ¿No amenazó Dios de muerte al hombre si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal después de haberlo creado en un lugar de delicias? y con esta primera prohibición, ¿no puso fronteras a su libertad? Cuando su desobediencia lo convirtió en culpable, ¿no le impuso nuevas obligaciones con las tablas de la ley dadas a Moisés? y aunque haya dejado a su libre arbitrio el poder de decidirse por el bien o el mal, ¿no lo rodeó de preceptos y leyes que podrían salvarlo si los cumplía? (…) ¿Dónde está entonces esa libertad de pensar y hacer que la Asamblea Nacional otorga al hombre social como un derecho imprescindible de la naturaleza? Ese derecho quimérico, ¿no es contrario a los derechos de la Creación suprema a la que debemos nuestra existencia y todo lo que poseemos? ¿Se puede además ignorar, que el hombre no ha sido creado únicamente para sí mismo sino para ser útil a sus semejantes? Pues tal es la debilidad de la naturaleza humana, que para conservarse, los hombres necesitan socorrerse mutuamente; y por eso es que han recibido de Dios la razón y el uso de la palabra, para poder pedir ayuda al prójimo y socorrer a su vez a quienes implorasen su apoyo. Es entonces la naturaleza misma quien ha aproximado a los hombres y los ha reunido en sociedad: además, como el uso que el hombre debe hacer de su razón consiste esencialmente en reconocer a su soberano autor, honrarlo, admirarlo, entregarle su persona y su ser; como desde su infancia debe ser sumiso a sus mayores, dejarse gobernar e instruir por sus lecciones y aprender de ellos a regir su vida por las leyes de la razón, la sociedad y la religión, esa igualdad, esa libertad tan vanagloriadas, no son para él desde que nace más que palabras vacías de sentido (…) "Sed sumisos por necesidad", dice el apóstol San Pablo (Rom. 13, 5). Así, los hombres no han podido reunirse y formar una asociación civil sin sujetarla a las leyes y la autoridad de sus jefes. "La sociedad humana", dice San Agustín (S. Agustín, Confesiones), "no es otra cosa que un acuerdo general de obedecer a los reyes"; y no es tanto del contrato social como de Dios mismo, autor de la naturaleza, de todo bien y justicia, que el poder de los reyes saca su fuerza. "Que cada individuo sea sumiso a los poderes", dice San Pablo, todo poder viene de Dios; los que existen han sido reglamentados por Dios mismo: resistirlos es alterar el orden que Dios ha establecido y quienes sean culpables de esa resistencia se condenan a sí mismos al castigo eterno (…) Pero para hacer desvanecer del sano juicio el fantasma de una libertad indefinida, sería suficiente decir que éste fue el sistema de los Vaudois y los Beguards condenados por Clemente V con la aprobación del concilio ecuménico de Viena: que luego, los Wiclyfts y finalmente Lutero se sirvieron del mismo atractivo de una libertad sin freno para acreditar sus errores: "nos hemos liberados de todos los yugos", gritaba a sus prosélitos ese hereje insensato. Debemos advertir, a pesar de todo, que al hablar aquí de la obediencia debida a los poderes legítimos, no es nuestra intención atacar las nuevas leyes civiles a las que el rey ha dado su consentimiento y que no se relacionan más que con el gobierno temporal que él ejerce. No es nuestro propósito provocar el restablecimiento del antiguo régimen en Francia: suponerlo, sería renovar una calumnia que ha amenazado expandirse para tornar odiosa la religión: no buscamos, ustedes y nosotros, más que preservar de todo ataque los derechos de la Iglesia y de la sede apostólica.

El 8 de diciembre de 1864, Pío IX en su encíclica Quanta cura, volvía a manifestarse contra los valores democráticos:

Condenamos los errores principales de nuestra época tan desgraciada, excitamos vuestra eximia vigilancia episcopal, y con todo Nuestro poder avisamos y exhortamos a Nuestros carísimos hijos para que abominasen tan horrendas doctrinas y no se contagiaran de ellas (...) Opiniones falsas y perversas, que tanto más se han de detestar cuanto que tienden a impedir y aun suprimir el poder saludable que hasta el final de los siglos debe ejercer libremente la Iglesia católica por institución y mandato de su divino Fundador, así sobre los hombres en particular como sobre las naciones, pueblos y gobernantes supremos; errores que tratan, igualmente, de destruir la unión y la mutua concordia entre el Sacerdocio y el Imperio, que siempre fue tan provechosa así a la Iglesia como al mismo Estado (...) Y con esta idea de la gobernación social, absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea, en extremo perniciosa a la Iglesia católica y a la salud de las almas, llamada por Gregorio XVI, Nuestro Predecesor, locura, esto es, que "la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad - ya de palabra, ya por escrito, ya en otro modo cualquiera -, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla en ninguna forma". Al sostener afirmación tan temeraria no piensan ni consideran que con ello predican la libertad de perdición, y que, si se da plena libertad para la disputa de los hombres, nunca faltará quien se atreva a resistir a la Verdad, confiado en la locuacidad de la sabiduría humana pero Nuestro Señor Jesucristo mismo enseña cómo la fe y la prudencia cristiana han de evitar esta vanidad tan dañosa. (…) Se atreven a proclamar que "la voluntad del pueblo manifestada por la llamada opinión pública o de otro modo, constituye una suprema ley, libre de todo derecho divino o humano; y que en el orden político los hechos consumados, por lo mismo que son consumados, tienen ya valor de derecho"(...) Apoyándose en el funestísimo error del comunismo y socialismo, aseguran que "la sociedad doméstica debe toda su razón de ser sólo al derecho civil y que, por lo tanto, sólo de la ley civil se derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos y, sobre todo, del derecho de la instrucción y de la educación". Con esas máximas tan impías como sus tentativas, no intentan esos hombres tan falaces sino sustraer, por completo, a la saludable doctrina e influencia de la Iglesia la instrucción y educación de la juventud, para así inficionar y depravar míseramente las tiernas e inconstantes almas de los jóvenes con los errores más perniciosos y con toda clase de vicios (...) Ni se avergüenzan al afirmar que "las leyes de la Iglesia no obligan en conciencia, sino se promulgan por la autoridad civil; que los documentos y los decretos Romanos Pontífices, aun los tocantes de la Iglesia, necesitan de la sanción y aprobación - o por lo menos del asentimiento- del poder civil (...) Enseñad que los reinos subsisten apoyados en el fundamento de la fe católica...”

Finalizando el siglo XIX, el Papa León XIII vuelve a la carga con su carta encíclica Quod Apostolici Muneris contra el socialismo, el comunismo y el nihilismo, en la que afirma las mismas ideas y, dogmatizando sobre el "poder" y la doctrina católica, dice:

La verdad es que la Iglesia inculca constantemente a la muchedumbre de los súbditos este precepto del Apóstol: No hay potestad sino de Dios; y las que hay, de Dios vienen ordenadas; y así, quien resiste a la potestad, resiste a la ordenación de Dios; mas los que resisten, ellos mismos se atraen la condenación. Y en otra parte nos manda que la necesidad de la sumisión sea no por temor a la ira, sino también por razón de la conciencia; y que paguemos a todos lo que es debido: a quien tributo, tributo; a quien contribución, contribución; a quien temor, temor; a quien honor, honor. Porque, a la verdad, el que creó y gobierna todas las cosas dispuso, con su próvida sabiduría, que las cosas ínfimas a través de las intermedias, y las intermedias a través de las superiores, lleguen todas a sus fines respectivos.

Y si en la Rerum Novarum ratifica que “el poder político viene de Dios y no es sino una cierta participación de la divina soberanía”, en la encíclica Inmortale Dei, publicada el 1º de noviembre de 1885, dirigida a la extrema derecha francesa y fundamento teórico del totalitarismo, León XIII vuelve a dogmatizar:

…De donde se sigue que el poder público por sí propio, o esencialmente considerado, no proviene sino de Dios, porque sólo Dios es el verdadero y Supremo Señor de las cosas, al cual necesariamente todas deben estar sujetas y servir, de modo que todos los que tienen derecho de mandar, de ningún otro lo reciben si no es de Dios, Príncipe Sumo y Soberano de todos. No hay potestad sino de Dios (…) El derecho de soberanía, por otra parte, en razón de sí propio, no está necesariamente vinculado a tal o cual forma de gobierno; se puede escoger y tomar legítimamente una u otra forma política, con tal que no le falte capacidad de cooperar al bienestar y a la utilidad de todos(...) En la esfera política y civil las leyes se enderezan al bien común, debiendo ser dictadas, no por el voto apasionado de las muchedumbres, fáciles de seducir y arrastrar, sino por la verdad y la justicia; la majestad de los príncipes reviste cierto carácter sagrado y casi divino y está refrenada para que ni decline de la justicia ni se exceda en su mandar; la obediencia de los ciudadanos tiene por compañeras la honra y la dignidad, porque no es esclavitud o servidumbre de hombre a hombre, sino sumisión a la voluntad de Dios, que reina por medio de los hombres. Una vez que esto ha entrado en la persuasión, la conciencia entiende, al momento, que es un deber de justicia el respetar la majestad de los príncipes, obedecer constante y lealmente a la pública autoridad, no promover sediciones, y observar religiosamente las leyes del Estado(…) Según esto, como se ve claramente, el Estado no es sino la muchedumbre, señora y gobernadora de sí misma; y, como se dice que el pueblo mismo es la única fuente de todos los derechos y de toda autoridad, se sigue que el Estado no se creerá obligado hacia Dios por ninguna clase de deber; que no profesará públicamente ninguna religión, ni deberá buscar cuál es, entre tantas, la única verdadera, ni preferirá una cualquiera a las demás, ni favorecerá a una principalmente, sino que concederá a todas ellas igualdad de derechos, con tal que el régimen del Estado no reciba de ellas ninguna clase de perjuicios. De lo cual se sigue también dejar al arbitrio de los particulares todo cuanto se refiera a la religión, permitiendo que cada uno siga la que prefiera, o ninguna, si no aprueba ninguna. De ahí la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento y la libertad de imprenta (...) En efecto; la naturaleza misma enseña que toda la potestad, cualquiera que sea y dondequiera que resida, proviene de su suprema y augustísima fuente que es Dios; que la soberanía popular que dicen residir esencialmente en la muchedumbre independientemente de Dios, aunque sirve a maravilla para halagar y encender las pasiones, no se apoya en razón alguna que merezca consideración, ni tiene en sí bastante fuerza para conservar la seguridad pública y el orden tranquilo de la sociedad. En verdad, con tales doctrinas han llegado las cosas, a tal punto que muchos tienen como legítimo el derecho a la rebelión, y ya prevalece la opinión de que, no siendo los gobernantes sino delegados que ejecutan la voluntad del pueblo, es necesario que todo sea inestable como la voluntad de éste, y que se ha de vivir siempre con el temor de disturbios y sublevaciones (...) Por lo mismo, la absoluta libertad de pensamiento y de imprenta, en forma tan amplia como ilimitada, no es por sí misma un bien de que justamente pueda alegrarse la sociedad humana, sino la fuente y el origen de muchos males (...) De estas enseñanzas pontificias se deduce haber de retener, sobre todo, que el origen de la autoridad pública hay que ponerlo en Dios, no en la multitud; que el derecho de rebelión es contrario a la razón misma; que no es lícito a los particulares, como tampoco a los Estados, prescindir de sus deberes religiosos o mirar con igualdad unos y otros cultos, aunque contrarios; que no debe reputarse como uno de los derechos de los ciudadanos, ni como cosa merecedora de favor y amparo, la libertad desenfrenada de pensamiento y de prensa (...) Sin duda ninguna si se compara esta clase de Estado moderno de que hablamos con otro Estado, ya real, ya imaginario, donde se persiga tiránica y desvergonzadamente el nombre cristiano, aquél podrá parecer más tolerable. Pero los principios en que se fundan son, como antes dijimos, tales, que nadie los puede aprobar.

Y terminaba diciendo en De Inmortale Dei:

No es, por tanto, la sociedad civil, sino la Iglesia, la que ha de guiar los hombres a la patria celestial; a la Iglesia ha dado Dios el oficio y deber de definir y juzgar en materias de religión; el enseñar a todas las gentes y ensanchar cuanto pudiere el imperio del nombre de Cristo; en una palabra, el de gobernar, libremente o sin trabas y según su propio criterio, la cristiandad entera.

Estas teorías fueron defendidas por Gil Robles y puestas en práctica por Franco, apoyado durante la “guerra civil española” por el estamento clerical, en el “Fuero del Trabajo”, promulgado el 9 de marzo de 1938, y en cuya introducción se afirma:

Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria y sindicalista, en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar –con aire militar, constructivo y gravemente religioso, la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia [1].

En 1967 fue modificado este texto original por otro que se limitaba a decir: “Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia”.

En coherencia con esta concepción sobre el origen del poder y el no reconocimiento del individuo, o del ciudadano, como sujeto de derechos, se propone que la familia, siempre que sea cristiana y sólo si es cristiana, es el fundamento último y básico de la sociedad. Sin embargo, en ninguna constitución democrática, desde las primeras que fueron proclamadas hasta las de hoy día, se da a la familia esta responsabilidad porque los derechos no son ni familiares ni supraindividuales, sino que sólo son y sólo pueden ser individuales. Porque el derecho al voto no es un derecho familiar sino individual; porque el derecho a pensar no es un derecho familiar, sino individual; porque el derecho a contraer matrimonio y a separarse no es un derecho familiar, sino individual… Y así todos los derechos expuestos en la Constitución española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también son individuales.

De manera que, contradiciendo la preocupación que el estamento clerical, al servicio de una forma de Gobierno teocrática, cuya cabeza, o jefe, reside en el Estado Vaticano, manifiesta sobre los riesgos que corre la democracia si se desintegrase la familia cristiana, ocurre todo lo contrario: que mientras se fortalezca y consolide al individuo, a sus derechos y a su exclusiva capacidad para pensar y decidir por sí mismo, la democracia se fortalecerá.

Por lo que se ve, el clero teocrático y los demócratas hablamos de cosas diferentes. El problema es que ellos, fieles a sus concepciones medievales y antidemocráticas sobre el poder, no se enteran.

NOTAS

[1] Solé-Tura, J., “El Régimen Político español”, en Duverger, M., Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970, p. 539; Tuñón de Lara, M., “La crisis del Estado: Dictadura, República y Guerra (1923-1939), en Historia de España, T. IX, Labor, Madrid, 1985, p. 420.

03 enero 2008

COMUNICADO DE PRENSA DE ALTERNATIVA LAICA


NOTA DE PRENSA

Alternativa Laica critica las manifestaciones de algunos obispos en la concentración celebrada en Madrid el pasado día 30, califica las mismas de injerencia y agresión al orden legal en un estado laico y considera que deben replantearse las relaciones del Estado Español con el Vaticano

Ante las recientes manifestaciones públicas de los portavoces de la jerarquía católica expresadas en la concentración celebrada en Madrid el pasado día 30 de Diciembre, la Asociación Alternativa Laica quiere manifestar lo siguiente:

1 Que la libertad de opinión y la de manifestación son un valor constitucional fundamental y, por tanto, debe estar por encima del hecho de compartir o no las diferentes opiniones de quienes las expresen. Sin embargo, el ataque sin precedentes de la jerarquía católica a los valores y a la política desarrollada por el Parlamento y el Gobierno legítimos de España, utilizando como excusa la defensa de la familia, han superado por su gravedad los límites del respeto al pluralismo político de una sociedad democrática y madura como la española.

2 Afirmaciones del estilo de que se incumple la constitución, y se retrocede en materia de derechos humanos, o que se va hacia la disolución de la democracia… son en si mismas impropias de la cúpula eclesiástica y se inscriben directamente en la campaña electoral en lo que parece un ejercicio alejado de cualquier contenido religioso o moral para pasar a ejercer de infantería del principal partido de la oposición, en defensa de unas posiciones de la línea mas integrista de las desarrolladas por la jerarquía católica en España desde la transición democrática.

3 Alternativa Laica considera que la Constitución de 1978 recoge la laicidad del Estado entre sus principios al afirmar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y que, por lo tanto, los intentos de imponer la fe o la razón religiosa de algunos a la razón legal de todos los ciudadanos, expresada por su Parlamento, es un intento baldío y condenado al fracaso pero que crea crispación en una sociedad asentada en valores de respeto a las diferentes opiniones.

4 A lo largo de la historia, el avance de los derechos civiles y el respeto a las creencias individuales se ha hecho a pesar de una Iglesia que siempre se asentó en las posiciones mas retrógradas en materia de derechos humanos, de regulación del matrimonio, del derecho a la libre convivencia o al divorcio, o al avance en la educación, especialmente si los valores a impartir no coinciden con los propios de un cierto ideario que desde los tiempos del nacional-catolicismo se continúa intentando preservar, y que como siempre utiliza diferentes varas de medir según sus intereses aquí en la tierra.

5 Una vez más, se pone de manifiesto que el derecho a organizarse libremente de la sociedad española y a dotarse de las leyes que sus ciudadanos decidan choca con los permanentes intentos de injerencia de la jerarquía católica y de un sector de su conferencia episcopal claramente representados por los intervinientes del acto del día 30. Los obispos pretenden que las leyes se sometan a los dictámenes divinos, que sólo ellos pueden interpretar, olvidando que la soberanía reside en el pueblo español, de quien emanan todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

6 Alternativa Laica comparte la toma de posición de las fuerzas políticas de la izquierda y, en concreto, la nota hecha pública por la Ejecutiva Federal del PSOE en el día de hoy, así como el emplazamiento hecho al Partido Popular a clarificar si suscribe las opiniones de los obispos.

7 Por último, Alternativa Laica, con independencia de compartir o no los planteamientos de las distintas organizaciones políticas, considera que ha llegado el momento de replantearse en la próxima legislatura, con todo su rigor, las relaciones del Estado español con la jerarquía católica. Estas relaciones están construidas sobre privilegios que otorgan prerrogativas, tanto económicas como en materias estratégicas, como la educación, a una confesión religiosa que actúa como una organización multinacional que, lejos de expresar opiniones religiosas, se dedica a que sus más altos representantes, nombrados por un gobierno extranjero, como es el Vaticano, interfieran en la vida política de una nación soberana.

31 diciembre 2007


Asociación de solteros en defensa del matrimonio


Manolo Saco


Y al fin llegó su día. La mayor y mejor organizada asociación de solteros del mundo, representada ayer en Madrid por decenas de obispos y cardenales, y miles de curas y monjitas sacadas de sus conventos, abadías y colegios, se ha manifestado por las calles de la capital de España en contra del gobierno socialista que absurdamente les mantiene la sopa boba y en favor de que se casen los demás, no mediante un contrato civil, sino bajo la fórmula de unas palabras mágicas mediante las cuales el Paráclito (uno de sus tres dioses, en forma de paloma) santifica su unión.


Desde ese momento los seguidores de la secta judaica de los cristianos católicos ya pueden follar, porque lo suyo ya no es un placer vulgar, sino la penosa aunque ine­vi­table labor de traer hijos al mundo al servicio de sus tres dioses y miles de vírgenes y santos a los que adoran y veneran a diario, para que la asociación de solteros que los ha convocado, a los que tanto repugna el matrimonio y, por lo tanto, la familia, continúe con su negocio hasta el fin de los tiempos.


Las familias llevaron a sus hijos a la juerga mística de la madrileña plaza de Co­lón, a los que pusieron a repartir propaganda electoral entre los curiosos, para que los ni­ños fuesen aprendiendo desde su más tierna infancia en qué consiste eso de la mani­pu­lación de conciencias. Llegaron allí por tierra, mar y aire, en autocares y hasta trenes contratados por lo más reaccionario de las organizaciones cristianas, jaleados desde ha­ce semanas por los talibanes de sus medios radiofónicos y escritos. Y sin embargo... tanto esfuerzo para tan escasa cosecha. Si son incapaces de llenar sus iglesias, que están calentitas gracias a la calefacción que les pagamos con los presupuestos generales y al calorcito de las velas, no podían esperar mayor afluencia de fieles, con lo fría que está la intemperie en estas fechas y con los grandes almacenes, los templos del consumo, abier­tos muy de mañana.


El punto culminante se alcanzó con la llegada a hombros de la virgen de la Al­mu­dena al altar (una bofetada más a los miles de padres y madres allí presentes, de vir­ginidad perdida por culpa de su lascivia, por no haber soportado el santo celibato), el icono de esta asociación de solteros que considera la virginidad, y no precisamente la maternidad, como el estadio superior del ser humano.


Por fortuna para la integridad física de las familias, no se encontraba entre la multitud el obispo de Tenerife, el desalmado que hace unos días disculpaba la pederas­tia a la que son tan adictos parte de los miembros (¿he dicho miembros?) de su asocia­ción de solteros que tanto desprecia a la familia pero que tanto ama a sus niños.


Esta asociación de parásitos sociales que financiamos entre todos, abominó pú­bli­camente de los avances de la sociedad laica: el aborto, el divorcio, el matrimonio en­tre homosexuales, la educación de la ciudadanía… y hasta el Papa de Roma, con su pro­verbial voz varonil, envió un mensaje de condena de la homosexualidad. Os lo juro.


Todo esto sería cómico si no fuese porque cerca de 180.000 personas (según el cálculo más generoso de los amigos del Manifestómetro), abducidas por la secta, escu­chaba con arrobo, como si se tratase de verdad revelada, los insultos del farsante de Ro­ma y de sus lacayos españoles de la Conferencia Episcopal.