05 enero 2008

Los príncipes de la Iglesia Católica, contra la soberanía nacional


Javier Fisac Seco, Historiador.

Federación Internacional de Ateos (FIdA).

02.01.08

Acabamos de asistir, atónitos, a una manifestación que el estamento clerical católico, representado por su más alta jerarquía, los cardenales y el mismo Papa, han convocado en defensa no de la familia, sino de una manera de entenderla: la “familia cristiana”. Tanto el cardenal y príncipe de la Iglesia D. Agustín García-Gasco como el no menos cardenal de la simbólica Toledo, D. Antonio Cañizares -ambos elegidos, no por la base, sino a dedo por el Papa-, han alegado que defienden a la familia porque de esa manera “están defendiendo a la democracia”.

Se demuestra así que los príncipes de la Iglesia ignoran, cuando les conviene, su propia e indivisible historia y teoría del pensamiento político sobre el origen del Poder, así como cuáles son los fundamentos de la democracia y de la soberanía nacional, que nada tienen que ver con la familia, sino con el individuo como sujeto imprescindible, intransferible e indivisible de derechos.

La iglesia católica, que se consolida y difunde gracias a su vinculación con todos los poderes imperiales desde Constantino hasta la desintegración del Imperio Austriaco, y que apoyó a todos los dictadores fascistas del pasado siglo, tiene una teoría elaborada nada menos que en el siglo V de nuestra era por el papa Gelasio I sobre la “doctrina de los dos poderes” o de las dos espadas. En virtud de ésta, el poder clerical sólo es responsable de sus actos ante Dios. O sea, que se consideran en realidad irresponsables de sus actos, mientras que el poder político lo es ante el estamento clerical, que está por encima y sobre lo público.

Posteriormente, en el año 1075, los Dictatus Papae (Dictámenes del Papa) atribuidos a Gregorio VII (1073-1085) insisten en la misma idea. Y en el siglo XIII, la Bula Unam Sanctam del papa Bonifacio VIII se ratifica en lo anterior en los siguientes términos:

Ambas, la espada espiritual y la espada material, están en poder de la Iglesia. Pero la segunda es usada para la Iglesia, la primera por ella; la primera por el sacerdote, la última por los reyes y los capitanes, pero según la voluntad y con el permiso del sacerdote. Por consiguiente, una espada debe estar sometida a la otra, y la autoridad temporal sujeta a la espiritual (…) Si, por consiguiente, el poder terrenal yerra, será juzgado por el poder espiritual (…) Pero si el poder espiritual yerra, puede ser juzgado sólo por Dios, no por el hombre (…) Pues esta autoridad, aunque concedida a un hombre y ejercida por un hombre, no es humana, sino más bien divina (…) Además, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al Pontífice romano.

En el contexto de la Revolución francesa y como un arrogante gesto de negación de los grandes principios de esta revolución y de su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Papa Pío VI, en su Carta Quod aliquantum, “Sobre la libertad”, enviada al cardenal Rochefoucauld y a los obispos de la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 1791, dogmatizaba:

A pesar de los principios generalmente reconocidos por la Iglesia, la Asamblea Nacional se ha atribuido el poder espiritual, habiendo hecho tantos nuevos reglamentos contrarios al dogma y a la disciplina. Pero esta conducta no asombrará a quienes observen que el efecto obligado de la constitución decretada por la Asamblea es el de destruir la religión católica y con ella, la obediencia debida a los reyes. Es desde este punto de vista que se establece, como un derecho del hombre en la sociedad, esa libertad absoluta que asegura no solamente el derecho de no ser molestado por sus opiniones religiosas, sino también la licencia de pensar, decir, escribir, y aun hacer imprimir impunemente en materia de religión todo lo que pueda sugerir la imaginación más inmoral; derecho monstruoso que parece a pesar de todo agradar a la asamblea de la igualdad y la libertad natural para todos los hombres. Pero, ¿es que podría haber algo más insensato que establecer entre los hombres esa igualdad y esa libertad desenfrenadas que parecen ahogar la razón, que es el don más precioso que la naturaleza haya dado al hombre, y el único que lo distingue de los animales? (…) ¿No amenazó Dios de muerte al hombre si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal después de haberlo creado en un lugar de delicias? y con esta primera prohibición, ¿no puso fronteras a su libertad? Cuando su desobediencia lo convirtió en culpable, ¿no le impuso nuevas obligaciones con las tablas de la ley dadas a Moisés? y aunque haya dejado a su libre arbitrio el poder de decidirse por el bien o el mal, ¿no lo rodeó de preceptos y leyes que podrían salvarlo si los cumplía? (…) ¿Dónde está entonces esa libertad de pensar y hacer que la Asamblea Nacional otorga al hombre social como un derecho imprescindible de la naturaleza? Ese derecho quimérico, ¿no es contrario a los derechos de la Creación suprema a la que debemos nuestra existencia y todo lo que poseemos? ¿Se puede además ignorar, que el hombre no ha sido creado únicamente para sí mismo sino para ser útil a sus semejantes? Pues tal es la debilidad de la naturaleza humana, que para conservarse, los hombres necesitan socorrerse mutuamente; y por eso es que han recibido de Dios la razón y el uso de la palabra, para poder pedir ayuda al prójimo y socorrer a su vez a quienes implorasen su apoyo. Es entonces la naturaleza misma quien ha aproximado a los hombres y los ha reunido en sociedad: además, como el uso que el hombre debe hacer de su razón consiste esencialmente en reconocer a su soberano autor, honrarlo, admirarlo, entregarle su persona y su ser; como desde su infancia debe ser sumiso a sus mayores, dejarse gobernar e instruir por sus lecciones y aprender de ellos a regir su vida por las leyes de la razón, la sociedad y la religión, esa igualdad, esa libertad tan vanagloriadas, no son para él desde que nace más que palabras vacías de sentido (…) "Sed sumisos por necesidad", dice el apóstol San Pablo (Rom. 13, 5). Así, los hombres no han podido reunirse y formar una asociación civil sin sujetarla a las leyes y la autoridad de sus jefes. "La sociedad humana", dice San Agustín (S. Agustín, Confesiones), "no es otra cosa que un acuerdo general de obedecer a los reyes"; y no es tanto del contrato social como de Dios mismo, autor de la naturaleza, de todo bien y justicia, que el poder de los reyes saca su fuerza. "Que cada individuo sea sumiso a los poderes", dice San Pablo, todo poder viene de Dios; los que existen han sido reglamentados por Dios mismo: resistirlos es alterar el orden que Dios ha establecido y quienes sean culpables de esa resistencia se condenan a sí mismos al castigo eterno (…) Pero para hacer desvanecer del sano juicio el fantasma de una libertad indefinida, sería suficiente decir que éste fue el sistema de los Vaudois y los Beguards condenados por Clemente V con la aprobación del concilio ecuménico de Viena: que luego, los Wiclyfts y finalmente Lutero se sirvieron del mismo atractivo de una libertad sin freno para acreditar sus errores: "nos hemos liberados de todos los yugos", gritaba a sus prosélitos ese hereje insensato. Debemos advertir, a pesar de todo, que al hablar aquí de la obediencia debida a los poderes legítimos, no es nuestra intención atacar las nuevas leyes civiles a las que el rey ha dado su consentimiento y que no se relacionan más que con el gobierno temporal que él ejerce. No es nuestro propósito provocar el restablecimiento del antiguo régimen en Francia: suponerlo, sería renovar una calumnia que ha amenazado expandirse para tornar odiosa la religión: no buscamos, ustedes y nosotros, más que preservar de todo ataque los derechos de la Iglesia y de la sede apostólica.

El 8 de diciembre de 1864, Pío IX en su encíclica Quanta cura, volvía a manifestarse contra los valores democráticos:

Condenamos los errores principales de nuestra época tan desgraciada, excitamos vuestra eximia vigilancia episcopal, y con todo Nuestro poder avisamos y exhortamos a Nuestros carísimos hijos para que abominasen tan horrendas doctrinas y no se contagiaran de ellas (...) Opiniones falsas y perversas, que tanto más se han de detestar cuanto que tienden a impedir y aun suprimir el poder saludable que hasta el final de los siglos debe ejercer libremente la Iglesia católica por institución y mandato de su divino Fundador, así sobre los hombres en particular como sobre las naciones, pueblos y gobernantes supremos; errores que tratan, igualmente, de destruir la unión y la mutua concordia entre el Sacerdocio y el Imperio, que siempre fue tan provechosa así a la Iglesia como al mismo Estado (...) Y con esta idea de la gobernación social, absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea, en extremo perniciosa a la Iglesia católica y a la salud de las almas, llamada por Gregorio XVI, Nuestro Predecesor, locura, esto es, que "la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad - ya de palabra, ya por escrito, ya en otro modo cualquiera -, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla en ninguna forma". Al sostener afirmación tan temeraria no piensan ni consideran que con ello predican la libertad de perdición, y que, si se da plena libertad para la disputa de los hombres, nunca faltará quien se atreva a resistir a la Verdad, confiado en la locuacidad de la sabiduría humana pero Nuestro Señor Jesucristo mismo enseña cómo la fe y la prudencia cristiana han de evitar esta vanidad tan dañosa. (…) Se atreven a proclamar que "la voluntad del pueblo manifestada por la llamada opinión pública o de otro modo, constituye una suprema ley, libre de todo derecho divino o humano; y que en el orden político los hechos consumados, por lo mismo que son consumados, tienen ya valor de derecho"(...) Apoyándose en el funestísimo error del comunismo y socialismo, aseguran que "la sociedad doméstica debe toda su razón de ser sólo al derecho civil y que, por lo tanto, sólo de la ley civil se derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos y, sobre todo, del derecho de la instrucción y de la educación". Con esas máximas tan impías como sus tentativas, no intentan esos hombres tan falaces sino sustraer, por completo, a la saludable doctrina e influencia de la Iglesia la instrucción y educación de la juventud, para así inficionar y depravar míseramente las tiernas e inconstantes almas de los jóvenes con los errores más perniciosos y con toda clase de vicios (...) Ni se avergüenzan al afirmar que "las leyes de la Iglesia no obligan en conciencia, sino se promulgan por la autoridad civil; que los documentos y los decretos Romanos Pontífices, aun los tocantes de la Iglesia, necesitan de la sanción y aprobación - o por lo menos del asentimiento- del poder civil (...) Enseñad que los reinos subsisten apoyados en el fundamento de la fe católica...”

Finalizando el siglo XIX, el Papa León XIII vuelve a la carga con su carta encíclica Quod Apostolici Muneris contra el socialismo, el comunismo y el nihilismo, en la que afirma las mismas ideas y, dogmatizando sobre el "poder" y la doctrina católica, dice:

La verdad es que la Iglesia inculca constantemente a la muchedumbre de los súbditos este precepto del Apóstol: No hay potestad sino de Dios; y las que hay, de Dios vienen ordenadas; y así, quien resiste a la potestad, resiste a la ordenación de Dios; mas los que resisten, ellos mismos se atraen la condenación. Y en otra parte nos manda que la necesidad de la sumisión sea no por temor a la ira, sino también por razón de la conciencia; y que paguemos a todos lo que es debido: a quien tributo, tributo; a quien contribución, contribución; a quien temor, temor; a quien honor, honor. Porque, a la verdad, el que creó y gobierna todas las cosas dispuso, con su próvida sabiduría, que las cosas ínfimas a través de las intermedias, y las intermedias a través de las superiores, lleguen todas a sus fines respectivos.

Y si en la Rerum Novarum ratifica que “el poder político viene de Dios y no es sino una cierta participación de la divina soberanía”, en la encíclica Inmortale Dei, publicada el 1º de noviembre de 1885, dirigida a la extrema derecha francesa y fundamento teórico del totalitarismo, León XIII vuelve a dogmatizar:

…De donde se sigue que el poder público por sí propio, o esencialmente considerado, no proviene sino de Dios, porque sólo Dios es el verdadero y Supremo Señor de las cosas, al cual necesariamente todas deben estar sujetas y servir, de modo que todos los que tienen derecho de mandar, de ningún otro lo reciben si no es de Dios, Príncipe Sumo y Soberano de todos. No hay potestad sino de Dios (…) El derecho de soberanía, por otra parte, en razón de sí propio, no está necesariamente vinculado a tal o cual forma de gobierno; se puede escoger y tomar legítimamente una u otra forma política, con tal que no le falte capacidad de cooperar al bienestar y a la utilidad de todos(...) En la esfera política y civil las leyes se enderezan al bien común, debiendo ser dictadas, no por el voto apasionado de las muchedumbres, fáciles de seducir y arrastrar, sino por la verdad y la justicia; la majestad de los príncipes reviste cierto carácter sagrado y casi divino y está refrenada para que ni decline de la justicia ni se exceda en su mandar; la obediencia de los ciudadanos tiene por compañeras la honra y la dignidad, porque no es esclavitud o servidumbre de hombre a hombre, sino sumisión a la voluntad de Dios, que reina por medio de los hombres. Una vez que esto ha entrado en la persuasión, la conciencia entiende, al momento, que es un deber de justicia el respetar la majestad de los príncipes, obedecer constante y lealmente a la pública autoridad, no promover sediciones, y observar religiosamente las leyes del Estado(…) Según esto, como se ve claramente, el Estado no es sino la muchedumbre, señora y gobernadora de sí misma; y, como se dice que el pueblo mismo es la única fuente de todos los derechos y de toda autoridad, se sigue que el Estado no se creerá obligado hacia Dios por ninguna clase de deber; que no profesará públicamente ninguna religión, ni deberá buscar cuál es, entre tantas, la única verdadera, ni preferirá una cualquiera a las demás, ni favorecerá a una principalmente, sino que concederá a todas ellas igualdad de derechos, con tal que el régimen del Estado no reciba de ellas ninguna clase de perjuicios. De lo cual se sigue también dejar al arbitrio de los particulares todo cuanto se refiera a la religión, permitiendo que cada uno siga la que prefiera, o ninguna, si no aprueba ninguna. De ahí la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento y la libertad de imprenta (...) En efecto; la naturaleza misma enseña que toda la potestad, cualquiera que sea y dondequiera que resida, proviene de su suprema y augustísima fuente que es Dios; que la soberanía popular que dicen residir esencialmente en la muchedumbre independientemente de Dios, aunque sirve a maravilla para halagar y encender las pasiones, no se apoya en razón alguna que merezca consideración, ni tiene en sí bastante fuerza para conservar la seguridad pública y el orden tranquilo de la sociedad. En verdad, con tales doctrinas han llegado las cosas, a tal punto que muchos tienen como legítimo el derecho a la rebelión, y ya prevalece la opinión de que, no siendo los gobernantes sino delegados que ejecutan la voluntad del pueblo, es necesario que todo sea inestable como la voluntad de éste, y que se ha de vivir siempre con el temor de disturbios y sublevaciones (...) Por lo mismo, la absoluta libertad de pensamiento y de imprenta, en forma tan amplia como ilimitada, no es por sí misma un bien de que justamente pueda alegrarse la sociedad humana, sino la fuente y el origen de muchos males (...) De estas enseñanzas pontificias se deduce haber de retener, sobre todo, que el origen de la autoridad pública hay que ponerlo en Dios, no en la multitud; que el derecho de rebelión es contrario a la razón misma; que no es lícito a los particulares, como tampoco a los Estados, prescindir de sus deberes religiosos o mirar con igualdad unos y otros cultos, aunque contrarios; que no debe reputarse como uno de los derechos de los ciudadanos, ni como cosa merecedora de favor y amparo, la libertad desenfrenada de pensamiento y de prensa (...) Sin duda ninguna si se compara esta clase de Estado moderno de que hablamos con otro Estado, ya real, ya imaginario, donde se persiga tiránica y desvergonzadamente el nombre cristiano, aquél podrá parecer más tolerable. Pero los principios en que se fundan son, como antes dijimos, tales, que nadie los puede aprobar.

Y terminaba diciendo en De Inmortale Dei:

No es, por tanto, la sociedad civil, sino la Iglesia, la que ha de guiar los hombres a la patria celestial; a la Iglesia ha dado Dios el oficio y deber de definir y juzgar en materias de religión; el enseñar a todas las gentes y ensanchar cuanto pudiere el imperio del nombre de Cristo; en una palabra, el de gobernar, libremente o sin trabas y según su propio criterio, la cristiandad entera.

Estas teorías fueron defendidas por Gil Robles y puestas en práctica por Franco, apoyado durante la “guerra civil española” por el estamento clerical, en el “Fuero del Trabajo”, promulgado el 9 de marzo de 1938, y en cuya introducción se afirma:

Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria y sindicalista, en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar –con aire militar, constructivo y gravemente religioso, la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia [1].

En 1967 fue modificado este texto original por otro que se limitaba a decir: “Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia”.

En coherencia con esta concepción sobre el origen del poder y el no reconocimiento del individuo, o del ciudadano, como sujeto de derechos, se propone que la familia, siempre que sea cristiana y sólo si es cristiana, es el fundamento último y básico de la sociedad. Sin embargo, en ninguna constitución democrática, desde las primeras que fueron proclamadas hasta las de hoy día, se da a la familia esta responsabilidad porque los derechos no son ni familiares ni supraindividuales, sino que sólo son y sólo pueden ser individuales. Porque el derecho al voto no es un derecho familiar sino individual; porque el derecho a pensar no es un derecho familiar, sino individual; porque el derecho a contraer matrimonio y a separarse no es un derecho familiar, sino individual… Y así todos los derechos expuestos en la Constitución española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también son individuales.

De manera que, contradiciendo la preocupación que el estamento clerical, al servicio de una forma de Gobierno teocrática, cuya cabeza, o jefe, reside en el Estado Vaticano, manifiesta sobre los riesgos que corre la democracia si se desintegrase la familia cristiana, ocurre todo lo contrario: que mientras se fortalezca y consolide al individuo, a sus derechos y a su exclusiva capacidad para pensar y decidir por sí mismo, la democracia se fortalecerá.

Por lo que se ve, el clero teocrático y los demócratas hablamos de cosas diferentes. El problema es que ellos, fieles a sus concepciones medievales y antidemocráticas sobre el poder, no se enteran.

NOTAS

[1] Solé-Tura, J., “El Régimen Político español”, en Duverger, M., Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970, p. 539; Tuñón de Lara, M., “La crisis del Estado: Dictadura, República y Guerra (1923-1939), en Historia de España, T. IX, Labor, Madrid, 1985, p. 420.