02 febrero 2008

Laicidad constitucional


Laicidad constitucional (Carlos García de Andoin)


Unos califican la política socialista de «laicismo radical» (Agustín García-Gasco). Para estos, la legislatura ha estado marcada por el acoso legislativo y político infligido al mundo católico. De hecho el pensamiento tradicionalista, que en España es católico, ha visto en el matrimonio de personas del mismo sexo, la España plural y la reforma educativa, un ataque frontal al núcleo de su identidad, la tríada 'familia, patria y religión'. De ahí que concluyan que hay un retroceso en derechos y un avance hacia la disolución de la democracia por leyes inicuas. Nada más alejado de la perspectiva de un Evangelio que en el juicio a las naciones pregunta por la suerte de los pequeños: «porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme»; o que en las bienaventuranzas dice «dichosos los que procuran la paz» y «dichosos los perseguidos por causa de la justicia». En todos estos aspectos el balance de la legislatura ha sido, al menos, de notable, y así se debe reconocer con la voz bien alta.

Otros consideran que «el laicismo sólo puede ser radical» (Juan Luis Cebrián). Para estos, la política socialista ha sido de un laicismo descafeinado. Esperaban la aplicación de políticas de avance hacia un Estado más laico pero el Gobierno, consideran que por excesiva prudencia o temor, se ha rendido a las exigencias de la jerarquía católica. Para más inri, fruto de una igualdad de trato mal entendida, el Ejecutivo ha extendido privilegios impropios de un Estado laico a las otras confesiones religiosas, por ejemplo, la enseñanza del Islam en la escuela pública o el acuerdo en la detracción del impuesto de la renta con los protestantes. Estos olvidan que la laicidad a aplicar debe ser la constitucional, que habla de separación entre Estado y cualquier tipo de confesión religiosa pero también de «relaciones de cooperación».

Pues bien, la política religiosa del Gobierno socialista se ha desarrollado en franca coherencia con los tres principios que enhebran la concepción constitucional de laicidad: la promoción efectiva de la libertad religiosa (16.1), la no confesionalidad del Estado (16.3a) y la cooperación con las confesiones religiosas (16.3b). Desde estos vectores, tras un inicio ciertamente confuso, se han definido y madurado las tres principales líneas de la acción de Gobierno.

La primera, el decidido empuje a la superación de la desigualdad de trato del Estado hacia las confesiones religiosas minoritarias en conformidad con el derecho a la libertad religiosa y con el pluralismo religioso creciente de la sociedad española. El signo más elocuente ha sido la creación de la Fundación 'Pluralismo y Convivencia' para la cooperación con las confesiones de notorio arraigo judía, protestante, ortodoxa y musulmana en actividades de índole cultural, educativa y de integración social. Entre otras, ha impulsado la publicación del primer libro de enseñanza de religión musulmana en Europa. El mandato constitucional de la cooperación es hoy reconocido y envidiado en foros europeos por cuanto faculta para políticas religiosas activas y de integración ante el multiculturalismo.

La segunda, las políticas de diálogo y acuerdo con la comunidad católica, que es de justicia reconocer y apreciar, algo que se hace más en el Vaticano que en España y aquí en todo caso con la boca pequeña. Varios acuerdos a destacar: 1) el acuerdo con la FERE sobre la Ley de Educación, que entre otras cosas supone la inclusión de la escuela concertada en el conjunto de una educación sostenida por fondos públicos; 2) el acuerdo con la enseñanza religiosa católica -también con diferentes ONG- respecto al currículo de Educación para la Ciudadanía; 3) el acuerdo respecto a los profesores de Religión, con su participación y la de los sindicatos, que ha mejorado notablemente sus derechos laborales, en una fórmula que ha obtenido la conformidad de la Santa Sede; y 4) finalmente, la aplicación de los acuerdos en materia económica, a través de la detracción del 0,7% del IRPF que ha conllevado la eliminación del sistema de dotación presupuestaria, vigente desde 1840, a lo que hay que añadir la retirada de la exención del IVA por prescripción europea. Esta política de diálogo ha tenido una prueba mayor, superada con un éxito razonable, en el tratamiento por ambas partes tanto de las beatificaciones como de la ley de Memoria Histórica. No ha sido todo acuerdo. El desacuerdo sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública no debe ocultar que aun habiendo fórmulas mejores, sin embargo se ha mantenido básicamente la que estaba vigente desde el llamado Decreto Pertierra de 1994 (2438/94). Así que con toda lógica el pasado noviembre el secretario de Estado del Vaticano Tarsizio Bertone en lo que parecía el éxito de la política de pacificación del Gobierno con la Iglesia católica manifestaba ante la vicepresidenta Fernández de la Vega que no existe «ningún contencioso» pendiente con el Gobierno español.

La tercera línea de acción política ha sido una afirmación clara de la independencia del Ejecutivo y el Legislativo de acuerdo con el principio de laicidad del Estado. Aunque ha oído y reconocido la contribución de las religiones a la deliberación pública propia de una sociedad democrática, no obstante ha hecho valer la responsabilidad con el bien público general y sobre todo su fidelidad al mandato de la soberanía popular. Así ha sido, por ejemplo, en el desarrollo de políticas inspiradas en los Derechos Humanos, como la extensión en la titularidad de derechos, la no discriminación por sexo y religión, la investigación genética, la igualdad de género o la educación de niños y adolescentes para una ciudadanía democrática, más allá del desacuerdo con determinadas sensibilidades de determinados sectores religiosos. El gobierno es de los hombres, no de dioses. Se puede discrepar de las políticas, faltaría más, pero no cuestionar su motivación ética, menos aún negar su legitimidad.

Hay quienes quieren colocar en el centro de la política religiosa una eventual revisión de los Acuerdos Estado español-Vaticano. Siendo verdad que permanecen en ellos restos de nacional-catolicismo, caso de la relación entre Iglesia católica y Ejército, tal planteamiento no resiste un principio de coherencia con la política desarrollada en esta legislatura. Ello supondría una carga de conflicto que implicaría riesgos ciertos y magros beneficios, y lo peor, supondría el desaprovechamiento estéril de valiosas energías sociales. De modo especial, en este momento, la política religiosa puede y debe ser sobre todo un instrumento inteligente para afrontar el desafío principal de nuestra sociedad: la integración de los inmigrantes en el 'nosotros' social. La integración debe tomar al inmigrante no sólo como mano de obra, sino como persona, con su identidad y tradiciones. Éstas deben entrar en un proceso de diálogo y recreación desde la integración en la cultura y las leyes del país que les acoge. Éstas a su vez deben abrirse al reconocimiento a la diferencia. En estos procesos no bastan los agentes económicos y políticos, son decisivos los actores culturales y religiosos. Hay que crear suficientes alianzas con estos de modo que sea posible neutralizar las identidades religiosas y culturales como factor de división social al servicio de políticas reaccionarias y xenófobas. La Alianza de Civilizaciones es otra línea de trabajo, una propuesta potente para dar marco a los actores religiosos en un marco de laicidad y en beneficio del bien común.

José Luis Rodrígez Zapatero y especialmente María Teresa Fernández de la Vega han gobernado creando más libertad religiosa, más laicidad y más cooperación. Con estas políticas -no con otras más aparentes pero dudosamente eficientes- es como se combaten las derivas fundamentalistas, a pesar de los innumerables embates que sufre por estribor y babor. Ese es el norte que debe guiar con buena lógica los propósitos para la próxima legislatura. Así nuestra sociedad cada vez más plurirreligiosa y pluricultural podrá ser viable: en torno a una idea de ciudadanía más universal y una laicidad incluyente de acuerdo con ella. En efecto la laicidad -la constitucional- es el «fundamento de la convivencia», como dijo Felipe González