16 enero 2008

DIGNIDAD PARA LAS FOSAS COMUNES

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia (TSJCV) ha anulado la sentencia que prohibió al Ayuntamiento de Valencia construir nichos o hacer movimientos de tierra en la fosa común del Cementerio General donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo.

En un fallo hecho público la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el Forun por la Memoria del País Valenciano, colectivo que interpuso la demanda contra el Ayuntamiento, carece de legitimidad para defender los derechos de personalidad, de las víctimas que se consideraron vulnerados.

De esta forma estima el recurso consistorial contra la sentencia del Juzgado de los Contencioso nº2 dictada en diciembre del 2006 que le obligaba a renunciar a la construcción de los nichos, la cual anula, “en todos sus términos”

Asimismo el TSJCV subraya que “no puede considerarse objetivamente” que la actuación municipal para ampliar el número de nichos del Cementerio en cumplimiento de sus propios deberes-competencias” resulte “ degradante para quienes en su día gozaron de los derechos de la personalidad”.

La sentencia afirma que “ bajo ningún concepto en nuestro ordenamiento jurídico, justamente por ser democrático, cabe que una persona, ni jurídica ni física se irrogue derechos personales de nadie”

La resolución impugnada consideró que la construcción de 1.030 nichos planificada por el Ayuntamiento “vulneró el derecho al honor de las personas víctimas de la represión franquista” enterradas en esta fosa y “su derecho a una memoria digna”

El Forun por la Memoria del País Valenciano, se personó como defensor de este derecho, pero el TSJCV entiende “que carece de representatividad alguna” en este caso ya que “siquiera alega relación alguna con quienes dice defender”.

“ Llama mucho la atención”, añade que se inscribiera como asociación cultural en mayo del 2005, es decir, después de que el Ayuntamiento contratara a una empresa para los servicios de exhumación, mantenimiento y vigilancia del cementerio.


COMUNICADO DEL FÒRUM PER LA MEMÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA FOSA COMÚN EN LA QUE ESTÁN ENTERRADAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA FRANQUISTA.

1º).- Entendemos que la sentencia, al dar la razón al Ayuntamiento de Valencia en su pretensión de construir 1.030 nichos sobre la Fosa de la Sección 7ª Derecha, permite la destrucción de los restos de las víctimas del franquismo enterradas en ella, lo que va contra el espíritu del proyecto de la Ley de la Memoria Histórica (ya aprobado por el Congreso de los Diputados), que protege estos espacios y legitima a las asociaciones para ejercer las actuaciones necesarias en defensa de la memoria de las víctimas. Igualmente entendemos que va contra lo dispuesto por el llamado Convenio de Ginebra (suscrito por el Estado español), en que se dispone que las víctimas civiles de conflictos armados, tienen derecho a una sepultura a perpetuidad.

El Fòrum per la Memòria considera que esta Resolución Judicial, junto con la construcción del llamado “macrosantuari”, en un terreno público de más de 3.000 m2 donado por el Ayuntamiento de Valencia, dedicado a las llamadas “víctimas de la Santa Cruzada”, llevan al límite la discriminación, el agravio y la afrenta a las víctimas del franquismo y a sus familias.

2º).- Consideramos que dicha sentencia utiliza el tema de la ilegitimidad alegada por el Ministerio Fiscal para no entrar en el fondo de nuestra demanda, que es la protección de la Fosa Común de la Sección 7ª Derecha y de los restos de las víctimas en ella enterradas.

3º).- Teniendo en cuenta que el Ministerio de la Presidencia del Gobierno ha aprobado y financiado el proyecto presentado por el Fòrum per la Memòria del P.V. para la investigación, documentación y divulgación de las Fosas Comunes del cementerio de Valencia, así como la dispuesto por el Consejo de Europa en materia de denuncia de la dictadura franquista y del reconocimiento de las víctimas por ella generadas, hemos acordado solicitar la intervención del Gobierno del Estado y del Consejo de Europa con el fin de proteger los restos de las víctimas del franquismo enterradas en la Fosa objeto de este litigio.

4º).- No entendemos la actuación del Ministerio Fiscal negándonos la legitimidad para actuar en defensa del honor de las víctimas, cuando sus familias dificilmente podían ejercerlo, ya que las Fosas estaban en la más absoluta clandestinidad, pues tanto este gobierno municipal como los anteriores habían silenciado su existencia. Por otra parte consideramos que la defensa del honor de las víctimas del franquismo es una obligación de cualquier ciudadano/a que se considere demócrata.

Igualmente nos llama la atención que por una parte el Ministerio Fiscal, dependiente del Ministro de Justicia, nos niegue legitimidad, y por la otra, el Ministerio de Presidencia del Gobierno nos avale y financie el proyecto de investigación.

5º).- Asimismo exigimos que en caso de que se reconstruya la Fosa, se realice con todas las cautelas y garantías, siempre bajo la dirección y supervisión de los técnicos y especialistas competentes en esta materia, ya que el daño que puede producirle dicha reconstrucción puede ser irreparable, incluso mayor a los daños ya causados por el Ayuntamiento al intentar construir los nichos.

6º).- Por todo lo anterior, esta Asociación presentará ante el Tribunal Constitucional el recurso de amparo.

Valencia, 27 de noviembre de 2.007

14 enero 2008

Estado e iglesia católica


Estado e iglesia católica

Carta abierta al presidente y candidato José Luís Rodríguez Zapatero


Francisco Delgado Ruiz, Diputado constituyente y Vicepresidente de Europa Laica


14.01.08

Estimado presidente y candidato: Estamos inmersos en una nueva campaña electoral, en donde cada partido expone sus programas de futuro. A tenor de lo conocido, en cuanto a las relaciones iglesia - estado y en aquellas cuestiones que más puedan “molestar” a la jerarquía católica, va a evitar que se plasme nada concreto en su proyecto político. Es más, la actual vicepresidenta, en sede parlamentaria, el pasado día 10 de enero se ha ratificado en mantener y defender los acuerdos con la santa sede de 1979, así como todas las prebendas de las que goza la jerarquía católica en España, calificándolas de “necesarias y positivas”. En la misma sesión oíamos como el portavoz del PP les trataba de “laicistas radicales” y exponía otra serie de disparates que no venían a cuento. Ambas posturas están fuera de la realidad sociológica y política, el único fin es el tratar de confundir a la opinión pública en clave electoral, como en tantas otras cuestiones.

Es evidente que en los últimos cuatro años, su gobierno ha desarrollado, con el apoyo de otros grupos políticos, diversos e importantes avances en cuanto a derechos individuales, que en algunos casos han podido incomodar (más o menos) a la jerarquía católica. Éstos, acostumbrados a imponer su exclusivista moral durante siglos, no aceptan “ingerencias” desde el estado de derecho, como demuestran las soflamas que lanzan permanentemente.

Quizá con la finalidad de no tenerlos enfrente (cosa que no consiguen) y por presiones internas, su gobierno, con actuaciones de dudosa legitimidad, les ha concedido una considerable e inestimablemente mejora en materia económica y educativa (las dos cuestiones “estrella” de toda religión organizada), además de que no se han modificado los privilegios de que disponen desde la etapa de la dictadura en los ámbitos jurídicos, políticos y sociales. Siguen ocupando, de forma exclusiva, con sus símbolos y rituales, espacios públicos (escuelas, juzgados, hospitales…), presidiendo actos civiles y políticos de todo tipo y funerales de estado; la jura o promesa de los ministros y otros altos cargos se hace ante símbolos católicos; la jefatura del estado hace ostentación pública de su catolicidad; innumerables cargos públicos presiden actos religiosos en función de sus responsabilidad política; existen plazas de capellanes en el ejército, cárceles, hospitales; etc. Normativas fiscales y societarias y los códigos civil y penal les favorecen, como grupo, de cuya organización interna no tienen que dar cuenta al Estado.

Es muy lamentable que no desee abordar cuestiones como la suspensión/derogación/denuncia de los acuerdos, herencia del concordato franquista del 53 y anteriores, que se mantienen con un estado de ficción denominado ciudad del Vaticano, creado por expresa concesión del gobierno fascista de Mussolini (1929), estado que, por ejemplo, no ha ratificado la declaración universal de los Derechos Humanos. Tampoco, para no “molestar” a “sus eminencias” (o, quizá, por convicciones propias) desea adquirir compromisos electorales en temas importantes, como la racionalización de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo o la supresión legal de todo privilegio jurídico, educativo o económico hacia la iglesia católica u otras religiones. Ha anunciado, tímidamente, una revisión de la perniciosa Ley de libertad religiosa de 1980, dada su concepción uniforme y excluyente de las convicciones y creencias, pero no queda muy claro cual va a ser la propuesta, cuestión que nos preocupa.

Sería una osadía, por mi parte, juzgar las razones que haya tenido para actuar así y el porqué de que las relaciones iglesia - estado se han desarrollado, casi exclusivamente, desde Moncloa, sin apenas dejar a ningún Ministerio que tomara decisiones y por qué ha nombrado a un embajador ante la SS, que al margen de su catolicismo militante (por otro lado, respetable) se le permiten ciertas declaraciones, y entre ellas la obscenidad de exigir al propio PSOE que “ha de pedir perdón a la iglesia católica” (¿de qué?), ofendiendo la memoria de miles de socialistas que dieron sus vidas por la libertad y la democracia. Ahora bien no juzgo sus razones, pero tengo todo el derecho a emitir mi opinión, como persona y como socialdemócrata.

Ya en el programa de 2004 sólo hacían casi una única referencia a las cuestiones relacionadas con el tema que nos ocupa: “Potenciar los valores y atender las necesidades de una escuela pública y laica en los términos del art. 27 de la CE”. Pero si tomamos como ejemplo la LOE que han aprobado, ¿cómo interpretan su particular escuela pública y laica? ¿Y el artículo 27 de la CE? Evidentemente, de forma muy peculiar, ya que en materia educativa han otorgado mayor fuerza y prerrogativas a la religión católica en la escuela de titularidad pública (secuestrando unas horas del tiempo lectivo de millones de alumnos que no desean asistir a clases de religión y vulnerando diversos derechos laborales) y a la escuela privada, financiada con fondos públicos: Centros en su gran mayoría católicos que, en teoría, están abiertos a todo el alumnado, pero que imponen su exclusivo ideario. Cuestión inexplicable en un estado democrático y no confesional, vulnerando, gravemente, con ello, los artículos 14, 16 y el propio 27 en sus apartados 2.3.6 y 9 de la Constitución Española y diversas leyes orgánicas. Además de todo ello y en un alarde de insensatez política el MEC ha aceptado una “guía católica” para la nueva asignatura de educar para la ciudadanía, que anula los objetivos que la ley propone.

A modo de recordatorio: En ocasiones se apela al papel conciliador del cardenal Tarancón para reconocerle, a una parte de la iglesia, sus buenos oficios en la transición política. Lo único cierto de todo ello es que evitó (muy calculadamente) que apareciera un partido demócrata cristiano, prefiriendo diluir las ideas y las personas, primero en la UCD y en ciertos grupos nacionalistas, y, después, en partidos de la izquierda política y en el PP, que (a la postre) les sería más rentable, como se ha podido demostrar. Pero no fue tanto su talante personal, como la necesidad que tenía el clero y los seglares nacional-católicos de “acomodarse” con todos los “honores” en la democracia, junto a otros colectivos comprometidos con la dictadura. Sino que, además, concurrieron, por aquellos tiempos, dos hechos a tener en cuenta: 1.- Un importante número de sacerdotes, varios obispos y muchos cristianos de base, habían luchado contra la dictadura y creyeron necesario hacerles un “guiño” desde la jerarquía, y 2.- La iglesia se encontraba en una supuesta nueva etapa de aperturismo tras los postulados del concilio vaticano II y los prelados más reaccionarios trataban de digerirlos, de la mejor forma posible, aunque (posteriormente) el papa Wojtyla les dio la “extremaunción” y Ratziger los está “enterrando”, definitivamente, uniéndose a esa peligrosa corriente de renovado integrismo religioso .

Estimado Zapatero: Tengo mis dudas sobre si la salida de los obispos a la calle el pasado 30 de diciembre le causó sorpresa e indignación o, bien, (además) les ha proporcionado algunas ventajas en plena campaña electoral, dentro del “granero de votos” más progresista, para evitar un viaje al centro demasiado brusco, como algunos de sus compañeros le plantean. Como usted sabe en esa acción no hubo nada novedoso: La jerarquía católica siempre estuvo en la calle y en los despachos apoyando a la dictadura. Tras la muerte del dictador, se formó el Consejo de Regencia en la que estaba un prelado (como la legislación franquista preveía) haciéndose la coronación de Juan Carlos de Borbón, bajo la tutela ideológica de la jerarquía católica. A partir de ese momento histórico, para favorecer sus propios intereses, la curia española ejerció una amenazadora y nociva presión a los parlamentarios constituyentes, en los delicados y complejos meses en que se debatía el texto constitucional, consiguiendo algunos éxitos como sabemos. Más tarde, en el intento de golpe de estado de 23-F en 1981, la conferencia episcopal permaneció “escondida” y “expectante”, hasta bien superada la crisis. Además, como usted bien sabe, los obispos ya salieron a la calle, en el mes de diciembre de 1983, cuando convocó a decenas de miles de personas en contra de progresistas y constitucionales leyes educativas del PSOE. El gobierno socialista de entonces claudicó e hizo algunas concesiones que aun pesan en el sistema educativo, en una parte por temor y en otra por la presión interna de conocidos personajes muy cercanos a la ideología católica, que más tarde hemos ido conociendo.

El PP en sus años de mandato ha tratado de favorecer aún más a la iglesia católica: Forma parte de su planteamiento político, al igual que el de algunos partidos nacionalistas. El PSOE viene actuando de forma timorata y complaciente con la jerarquía católica, ello en contra de su ideario histórico, de sus programas y de muchos de sus militantes y votantes. El PCE, la actual IU y otros partidos de izquierda han actuado con un cierto complejo histórico ante este tema.

El ataque fanático de los obispos contra el laicismo (que lo califican de radical, al igual que lo hacen algunos de sus compañeros/as de partido y gentes conservadoras, demostrando una gran incultura socio-política); la actitud beligerante contra ciertas leyes sociales de igualdad y equidad que el PSOE ha promovido; las declaraciones homófobas; la toma como rehén electoralista de un determinado modelo de familia... son, en parte, consecuencia de tantas concesiones que se les ha hecho, sin haber puesto el límite democrático que exige la primera parte del 16.1 de la CE: -“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Aunque, también, tiene que ver con el “nerviosismo y preocupación” de la propia jerarquía católica, ante la realidad de que existe una mayoría de los fieles católicos que incumplen sacramentos, mandamientos y dogmas, que se divorcian, que usan preservativos, que interrumpen un embarazo en el uso de su libertad y escasamente financian a su propia iglesia. Además de que apenas hay vocaciones religiosas… Y, por supuesto, porque crece el número de no creyentes y deístas o por que se afianzan otras religiones “no verdaderas”, para la “santa madre iglesia”.

Hay un hecho histórico evidente: El fanatismo religioso y el contrario se gesta si el Estado no actúa democráticamente, si acepta privilegios, si considera al colectivo por encima del individuo, si no es neutral ante cualquier convicción o creencia: Ejemplos hay muy claros en la reciente historia de Europa con consecuencias desgraciadas y, ahora, en mi opinión la fiscalía, en España, tiene suficientes razones para actuar ante ciertas declaraciones y soflamas de algunos clérigos católicos. Ante la progresiva secularización, ante la fuerza de la razón y del pensamiento crítico, ante la extensión de la educación y de la cultura… surgen, en este inicio del siglo, el integrismo y el fanatismo religioso, renacen viejas teorías como la del creacionismo y otras. Y ante ello los poderes públicos han de reaccionar, imponiendo el estado de derecho.

A lo largo de estas últimas semanas y con ocasión de la salida a la calle de los obispos, se han publicado innumerables e interesantes artículos de opinión en la diversa prensa escrita, con matices muy diversos. Entre otros, resalto las atinadas reflexiones que hace Juan Luís Cebrián (diario El País 9-1-08): Persona de exquisita mesura dialéctica y reflexiva. Creo que ésta y otras reflexiones merecen la pena que las tuviera muy en cuenta, tanto si gana el PSOE las elecciones, como si las pierde.

En este 2008, en donde se van a renovar las Cortes Generales, se celebrará el 30 aniversario de la Constitución de 1978 y el 200 aniversario del alzamiento popular contra el expansionismo napoleónico, promovido, muy hábilmente, por los sectores más conservadores y por el clero católico de la época, ante la crisis social que ellos mismos habían establecido. Aunque la intención real era que no aceptaban los aires renovadores de finales del siglo XVIII. Aprovechando la efeméride no estaría de más, también, reconocer que, a pesar del hecho, en ese año (diciembre de 1808) se decretó por Napoleón, como ley de estado, la supresión del Tribunal de la Santa Inquisición. Con la “derrota del invasor” en 1814 y tras las Cortes de Cádiz y la constitución de 1812, llegaría la desilusión en el ámbito liberal y progresista, con el reinado de Fernando VII, que trató de arrinconar, brutalmente y con el apoyo del clero, el espíritu y pensamiento de la ilustración, dando renovados privilegios a los tribunales inquisidores.

En fin, estimado Zapatero, así son las cosas y así es la historia. Le deseo suerte para el día 9 de marzo… y, pase lo que pase, muchos ciudadanos y ciudadanas seguiremos luchando por un verdadero estado laico y democrático, sin hipocresías ni componendas, en donde se puedan enterrar, de una vez por todas, modos y fantasmas del pasado. En un país presidido por el respeto mutuo a todas las convicciones y creencias y en donde la libertad de pensamiento y de conciencia se establezca en todos los ámbitos, sociales, políticos y jurídicos, la iglesia católica española debería de ser, por su propio bien, la más interesada.

13 enero 2008

La Memoria está perdida...?


En EL País del 7 de enero, Carlos Berzosa, Rector de la Universidad de Madrid, realizaba una observación acerca de la ignorancia de los jóvenes españoles sobre la crueldad de la dictadura franquista. Ignorancia debida a la ocultación por parte de los adultos y la falta de consideración de esta parte de la historia en la enseñanza. Después de 30 años de democracia, los estudiantes saben más sobre el nazismo, las dictaduras extranjeras, gracias a las películas, que sobre su propio país. Es de lamentar la falta de curiosidad, ahora que los libros sobre la República y la Guerra Civil no están ya prohibidos.

Pensamos si es preciso olvidar por algunos, al temor a restablecer las divisiones sangrientas de aquellos tiempos, al deseo de ir antes de, a la comodidad del progreso obtenido, material y político. Todo eso se combina para explicar los silencios sobre el pasado, pero la enseñanza franquista marcó durante más de 40 años a la juventud y a los adultos actuales… y la derecha española y la Iglesia Católica se emplean a fondo para mantener un recuerdo positivo del levantamiento militar contra las II República…

La ley de memoria del Gobierno español, que quiere rehabilitar a los republicanos, pasó a pesar de la oposición de Partido Popular (la derecha), mientras que los beatificaciones indicaban una condena vaticana de la República, 67 años después.

El tiempo viene de la historia. La transición debe tener en cuenta el conocimiento venido por los rigurosos trabajos de historiadores (Hugh Thomas, Gabriel Jackson… Bartolomé Benassar, más recientemente, etc). Estoy seguro que sus trabajos, conocidos de los especialistas desde hace tiempo, van a tener por fin en tenerse en cuenta, pero será necesario que los supervivientes tomen también la palabra para dar prueba y fe de ello. Tienen un trabajo de reconstrucción de la memoria que hacer.

Conocimos eso con relación Vichy, el Holocausto judío por los nazis: ocultación, y olvido… hasta el sobresalto de estos últimos años. Las divisiones familiares, las posiciones adoptadas del tiempo, los entusiasmos pétainistes, se prefería olvidar lo todo detrás la cómoda frase de “todos resistentes”. ¡Pero la historia termina por imponerse! …

Raymond Beltrand