16 abril 2008


GOBIERNO, CONSTITUCIÓN E IGLESIA CATÓLICA

14.04.08,

77º Aniversario de la proclamación de la II República Española.

La desidia del Gobierno de España a la hora de hacer cumplir la Constitución se ha vuelto a hacer patente cuando de nuevo el nombramiento de José Luís Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno se ha realizado ante una mesa con una gran crucifijo en medio y con una Biblia, al margen de que el señor Zapatero haya prometido -y no jurado- ante esos símbolos pertenecientes a una confesión religiosa que para nada debería inmiscuirse en los asuntos relacionados con el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, en cuanto, de acuerdo con el artículo 16.3 de nuestra Constitución, “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

¿Qué pinta un crucifijo o una Biblia en la mesa ante la cual se celebra la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución Española, cuando la propia Constitución establece de modo implícito la separación del Estado respecto a cualquier religión? Nada en absoluto. Y no sólo no pinta nada, sino que su presencia es inconstitucional, por lo que, si acaso representa algo, es una burla sarcástica de la propia Constitución, ante la cual el presidente promete cumplir y hacerla cumplir en ese su primer acto institucional.

Después de 30 años de democracia, los responsables de hacer que se cumpla la Constitución todavía no se han enterado -o no han querido enterarse- de que su cumplimiento exige que esos símbolos se retiren y queden para el ámbito privado y para la conciencia de cada ciudadano. La situación actual representa un incumplimiento de la Constitución en tanto que la presencia de tales símbolos implica, aunque sólo sea por inercia, una forma de seguir aceptando el sometimiento de la soberanía de nuestro pueblo a la jerarquía de la Iglesia Católica, cuyo símbolo más importante domina el lugar ante el que el candidato mayoritariamente elegido por las Cortes debe realizar la promesa correspondiente para su nombramiento como Presidente del Gobierno. Además, la presencia de tales símbolos es una propaganda gratuita de dicha confesión religiosa para quienes contemplen por cualquier medio visual –televisión o prensa- las imágenes de dicha ceremonia.

Por ello, hay que exigir al Gobierno de España y a las instituciones democráticamente elegidas por la ciudadanía que cumplan precisamente con su promesa de “hacer cumplir la Constitución”, comenzando por eliminar tales símbolos religiosos de las ceremonias en las que se producen sus nombramientos.

Esta misma crítica vale igualmente para los actos judiciales en los que se sigue preguntando al testigo si “jura o promete decir la verdad…”, pues, en cuanto el juramento lleva implícita la referencia a determinadas creencias religiosas, la fórmula judicial correspondiente es inconstitucional, y resulta asombroso que los encargados de juzgar si las leyes se cumplen o no incluyan esta fórmula -o acepten su inclusión- en los mismos actos en los que se juzga acerca de los posibles incumplimientos de la Ley, infringiendo sistemáticamente así el artículo 16.2 de la Constitución Española, en el que se dice que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.

Pues es evidente que, desde el momento en que se le exige al testigo que “jure o prometa”, se le está obligando a declarar si tiene o no creencias religiosas, en cuanto jure o en cuanto simplemente prometa. En consecuencia, de nuevo en este caso habría que exigir el cambio de esta fórmula judicial eliminando toda referencia al juramento –de carácter religioso- para dejar exclusivamente la referencia a la promesa –de carácter personal y ligada al propio honor y dignidad como ciudadano-.

Y lo mismo sucede en otra clase de actos, como son los relacionados con la monarquía, actos como bodas, bautizos y otras ceremonias en los que aparece de un modo especialmente visible la relación entre dicha monarquía y la Iglesia católica, pareciendo olvidar en estos casos que los monarcas han dejado de serlo por la gracia de cualquier supuesto dios para serlo porque nuestro pueblo soberano aprobó en referendo nuestra Constitución y, con ella, de regalo, la institución de la monarquía parlamentaria –al menos por ahora y hasta que el pueblo español la siga legitimando-.