27 febrero 2012

LA IGLESIA CATOLICA TEME EL FIN DE SUS “PARAISOS FISCALES·

Iglesia fin de ‘paraíso fiscal’ en Italia y España

EL PAÍS
  • 27 febrero 2012
  • Le exigirían el pago de impuestos ante la crisis económica europea
    • Exentos. El primer ministro de Italia, Mario Monti, exigió ya a la jerarquía católica italiana el pago de sus impuestos, lo que hizo encender los focos rojos en la Iglesia de España.Foto: vanguardia-AP
    MADRID, ESPAÑA.- Los obispos asisten atónitos (pero sobre todo mudos) al debate sobre su paraíso fiscal, en medio de una crisis que está obligando a apretarse el cinturón a todo el mundo. ¿Perderán los eclesiásticos sus privilegios ante la Hacienda pública? ¿Deberá pagar impuestos la Iglesia, como todo hijo de vecino? 

    La decisión del Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata católico Mario Monti, de exigir a la jerarquía eclesiástica de su país el pago del impuesto de bienes inmuebles, hizo sonar las alarmas en España, donde los obispos gozan de inmunidad casi total ante el fisco. 

    Ya planteó el tema hace un año el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, reclamando para sus arcas municipales, acosadas por deudas y déficit, una compensación del Estado por los tributos que no satisface al Ayuntamiento la confesión católica, entre otras instituciones. Según Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid ingresaría 94 millones de euros anuales más cada año. Serían en toda España entre 2 mil y 2 mil 500 millones, según los expertos. 

    “¡IBI todos o ninguno!”, clama una decena de organizaciones reunidas en Gijón, entre ellas Europa Laica, Juventudes Socialistas e Izquierda Unida. Van a hacerse notar en Asturias durante la próxima campaña electoral e inician su camino con una carta al presidente del Gobierno. 

    Dicen: “Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea el mayor propietario de esos bienes. Esto supone que el Estado deja de ingresar más de 3 mil millones cada año. En la actual situación de crisis económica y social consideramos una total falta de respeto, e incluso una burla, que se aumente a los ciudadanos el impuesto de la contribución urbana, y que el mayor propietario no pague. Exigir a unos los tributos y eximir a otros de su pago, máxime cuando estos otros son poseedores de la mayor cantidad de bienes, es establecer privilegios y discriminaciones intolerables. Elevamos la más enérgica protesta”. 

    Esta iniciativa nace en Gijón, pero se incubaba desde que hace un año se cerró sin consecuencias el debate facilitado en Madrid por Ruiz-Gallardón. La disputa está en la plaza pública y se extenderá a medida que aumente la presión fiscal y arrecie la crisis en el bolsillo del ciudadano. 

    Canonjías
    La Iglesia Católica está exenta del IBI —y de otros muchos impuestos— en virtud de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede firmados en Roma el 3 de enero de 1979. ¿Deben pagar los obispos el IBI, como los demás propietarios? Voces eclesiásticas tachan de “anticlericalismo casposo” y de “laicismo agresivo” la idea de extender el modelo italiano a España. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, guardó silencio hace una semana cuando se le preguntó sobre el tema. 

    Se limitó a remitir la pregunta, con displicencia, al responsable económico de su organización y presidente de la Cope, Fernando Giménez Barriocanal. Éste tomó la palabra para irse por la tangente. Dijo: “El régimen fiscal que tienen las instituciones de la Iglesia Católica, en su 99 por ciento no deriva de los acuerdos Iglesia-Estado, como la gente piensa. Deriva de la Ley de Mecenazgo 49-2002. En materia de IBI, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo régimen que cualquier fundación y cualquier partido político. No hay un régimen de privilegio en ningún caso. Debe quedar claro”. 

    Lo que se le había preguntado al obispo portavoz es si la Iglesia Católica no se ha planteado “hacer un gesto, como pagar el IBI, en solidaridad con las dificultades del pueblo de Dios por la crisis”. Pese a lo dicho por el hombre de los dineros católicos, la realidad es que no es la vigente Ley de Mecenazgo, sino el concordato de 1979 (con el nombre de Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos), el que regula el régimen fiscal de esta Iglesia, por el que la Conferencia Episcopal recibe cada mes del Ministerio de Hacienda dinero para pagar los salarios de obispos y sacerdotes.

    El historiador Stanley G. Paine hizo un recuento de las propiedades de la Iglesia romana en España, desde luego el mayor casero del reino después de la Administración del Estado (o a la par). Este es el resumen: 100 mil propiedades, de las que 5 mil son edificios religiosos. “En torno al 80 por ciento del patrimonio artístico de España es propiedad de la Iglesia, que también dispone de 300 museos y 103 catedrales”, dice. 

    Menos dinero
    Sobre el dinero, el también historiador William J. Callahan afirma que la Iglesia Católica dispone ahora de menos dinero que en el siglo pasado. Cierto. Durante el régimen franquista, la Iglesia recibía para su funcionamiento entre el 1.25% y el 2% de los Presupuestos del Estado. 

    Era, pese a todo, menos que el que le entregó la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en los años 20. 

    “En 1970, la cantidad total que la Iglesia recibía, directa o indirectamente, sumaba la impresionante cifra de 2.6 billones de pesetas (15 mil 626.3 millones de euros, casi 6 mil más que ahora)“, sostiene Callahan. Son, arriba o abajo, las cantidades calculadas por Joan Castellà-Gassol. 

    Ahora se sabe, sin embargo, que el general Francisco Franco estuvo a punto de cerrar el grifo a los obispos. Liderada por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, la Iglesia oficial, impulsada desde Roma, buscaba un alejamiento del régimen dictatorial, del que había sido durante décadas el mayor apoyo. Eran los tiempos del Concilio Vaticano II. 

    En 2007, la Iglesia de Roma negoció con el Gobierno de Zapatero, mediante un simple “canje de notas”, el incremento, con “carácter estable”, de un 34% de la asignación que los obispos reciben de Hacienda cada año, cancelando su compromiso de autofinanciarse. El catedrático Dionisio Llamazares, exdirector general de Asuntos Religiosos, dice que “suena a burla que la Iglesia, adalid de la ética, diga ahora sin sonrojarse que el compromiso de alcanzar la autofinanciación es unilateral y no exigible por el Estado”.